MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó esta tarde el ingreso en prisión incondicional de los cuatro responsables de Afinsa y su proveedor de sellos que declararon hoy ante él, por el presunto fraude cometido a través de la citada empresa de inversión en bienes tangibles, por una estafa cifrada inicialmente en 1.005 millones de euros.
El magistrado les impone esta medida por los delitos de los que les acusa la Fiscalía Anticorrupción en su querella, además de otro de falsedad de cuentas anuales. El Ministerio Público les acusa de los delitos de estafa y falsedad documental y anunciaba que, según avanzase la investigación, también podrían ser autores de blanqueo de capitales, administración desleal, contra la Hacienda Pública e insolvencia punible.
Entre los argumentos que utiliza el juez para justificar dicha medida se encuentran que las penas previstas podrían sobrepasar ampliamente los 6 años de prisión, por lo que el riesgo de fuga es muy alto, por los vínculos que los querellados tienen fuera de España, así como por la existencia de sociedades patrimoniales y las posibles salidas de fondos al extranjero. También destaca el peligro existente de destrucción de pruebas ante el estado en el que se encuentra la investigación, ya que aún quedan diligencias importantes por practicar.
Los querellados enviados a prisión son el presidente del Consejo de Administración de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, propietario del 50% de las acciones de la compañía; Albertino Figueiredo do Nascimento, presidente hasta 2004 y actual propietario del 50%; Carlos de Figueiredo Escribá, consejero y administrador de Afinsa; y Vicente Martín Peña, consejero y subdirector, responsable del área de contratos de inversión de la compañía; así como su proveedor de sellos, Francisco Guijarro Lázaro, socio único y administrador único de Francisco Guijarro Lázaro Filatelia S.L. y Guijarro Lázaro S.L.
Por su parte, fuentes de la defensa señalaron que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la administración judicial de la empresa investigada, así como que podría poner en libertad a los imputados más adelante, cuando se levante el precinto de las principales sedes de Afinsa y se complete su registro, que según dijeron podría tener el lugar a finales de la próxima semana.
DILIGENCIAS POR PRACTICAR.
En este sentido, el auto subraya que, "por obvias razones de tiempo y personal", aún quedan "diligencias fundamentales" por practicar, fundamentalmente registros de las sedes precintadas y de otros lugares todavía no determinados, así como el bloqueo y embargo de otros bienes. También contempla la posibilidad de "valorar", cuando se hayan practicado estas diligencias, el mantenimiento del encarcelamiento de los imputados y que de este modo "la medida no se prolongue nunca más allá de lo necesario".
El juez destaca que "apoderados no determinados" intentaron disponer ayer de los saldos, que cifra en torno al millón y medio de euros, de unas cuentas de las sociedades Oikia y Munimer, participadas por Afinsa. Según relata el juez, estas personas alegaron que pretendían sacar estos fondos para pagar las fianzas de los detenidos, cuando el propio magistrado subraya que no ha fijado ninguna.
Asimismo, afirma que, a pesar de que los imputados dan una "explicación coherente del negocio", las pruebas practicadas y el "contundente" informe de la Agencia Tributaria hacen que existan "razonables sospechas de responsabilidad criminal", puesto que además los responsables de la compañía "asumen la responsabilidad en la conducta defraudatoria que se describe en la querella" de la Fiscalía.
Sostiene que a partir de los datos del informe de Hacienda, según los cuales Guijarro vendió sellos a Afinsa por casi 58 millones de euros, que la compañía compraba al 8%, se deduce que el imputado los adquiría al 2% de su valor, lo que podría dar cuenta de la comisión del delito de estafa y contra la Hacienda Pública, que, según el auto, el propio Guijarro reconoció en su declaración.
