PALMA DE MALLORCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
El ex director general de Juventud del Ejecutivo del PP, Juan Francisco Gálvez, abandonó la Jefatura Superior de Policía de Baleares sólo quince minutos después de acudir a declarar como imputado en el caso de presunta corrupción relacionado con el Consorcio Turisme Jove en la época del Govern 'popular' de Jaume Matas.
Gálvez acudió a la sede de la Jefatura, cuando faltaban cinco minutos para las 10:00, a prestar declaración en calidad de imputado, y lo hizo acompañado de su abogado, Bartomeu Vidal, quien también asiste en la defensa al ex gerente del Consorcio, Damià Amengual, imputado y detenido desde el pasado lunes.
Gálvez no hizo ningún tipo de declaración a la entrada a la sede, limitándose a dar los "buenos días" a los periodistas congregados, que se agolpaban en las escaleras de la Jefatura Superior, a la espera de su llegada.
SALIDA SORPRENDENTE
Para sorpresa de la prensa, a las 10:13 horas, escasos minutos después de acudir a la Jefatura, Gálvez abandonó las dependencias policiales de manera precipitada, descendió apresuradamente las escaleras del edificio, y se introdujo en un vehículo que le esperaba a las puertas, en el que se montó junto a su abogado. El ex director general de Juventud de la época de Jaume Matas cerró de un portazo la puerta del vehículo y abandonó el lugar.
Por la brevedad de su comparecencia es muy probable que Gálvez se haya acogido a su derecho a no declarar, tal y como ya han hecho dos de los tres detenidos que permanecen en los calabozos de la Jefatura: el ex gerente del Consorcio, Damià Amengual, y el ex jefe de Servicios y Mantenimiento de esta empresa pública, Francisco Gosálbez.
La tercera detenida, la mujer de Gosálbez, Maria Auxiliadora Pérez, sí declaró ayer, y en su comparecencia ante la policía aseguró que su marido la había utilizado como testaferro en la empresa pantalla que ambos presuntamente crearon para poder cobrar un alquiler a cargo del Govern.
Está previsto que esta tarde o mañana, agotando así las 72 horas de plazo, los tres detenidos pasen a disposición judicial. El Ministerio Fiscal les acusa de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, prevaricación, falsificación de documentos públicos y negociación prohibida para funcionarios.
