Ultima las medidas para ordenar los dos sectores, pero asegura no tener capacidad ante las licencias que conceden los tribunales
MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Fomento ha reiterado su disposición a defender la actual legislación sobre el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que fija una proporcionalidad entre ambos, de forma que se establece conceder una licencia de este tipo de transporte por cada treinta del taxi.
"El Gobierno defenderá el actual marco normativo ante el contencioso abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)", asegura el Departamento que dirige Íñigo de la Serna en referencia al recurso que el 'superregulador' interpuso contra esta regulación.
Fomento recordó además que, si bien "no tiene capacidad" de actuar ante las autorizaciones de VTC que se están otorgando en los tribunales por el vacío legal abierto hace unos años, actualmente ultima un Real Decreto de medidas para ordenar los dos sectores de transporte urbano.
Entre estas medidas, actualmente pendientes del 'visto bueno' del Consejo de Estado, figuran la prohibición de vender las licencias de VTC en los dos años siguientes a su concesión, la articulación de un registro con los servicios que contraten o la habilitación de unas matrículas distintivas tanto para los vehículos de estas empresas como los del taxi.
Fomento confía en que estas iniciativas contribuyan a restablecer un "ordenado equilibrio" entre la actividad de los dos sectores.
REPARTO COMPETENCIAL DE LOS SECTORES.
No obstante, el Ministerio volvió a apelar al resto de administraciones con competencias en la materia, para "colaborar y reforzar las inspecciones con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente".
Se da la circunstancia de que la competencia sobre el sector del taxi reside íntegramente en los ayuntamientos y las comunidades autónomas, tanto en materia de regulación como de aprobación de tarifas y número de licencias, y de inspección del servicio.
En el caso de las VTC, la regulación y su desarrollo normativo corresponde a Fomento, pero la gestión de las autorizaciones para operar y la inspección de las mismas es función de las comunidades autónomas.
