El Ministerio irá asumiendo las vías cuando se vayan viendo abocadas a la liquidación
MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Fomento ya ve "prácticamente imposible" que el 'rescate' de las ocho autopistas en quiebra se aborde mediante un acuerdo con los acreedores de las vías, que soportan una deuda de unos 3.200 millones de euros.
"Desde el principio dijimos que el acuerdo era muy difícil y, en este momento, ya estamos en la fase de que es casi imposible", reconoció el titular del Departamento, Íñigo de la Serna.
No obstante, la consecución o no de un acuerdo con los acreedores no altera el hecho de que Fomento tenga que irse quedando con las autopistas, una vez que se vayan viendo abocadas a la liquidación en los procesos concursales en que están inmersas desde 2012.
De hecho, el Ministerio ya tiene mandato judicial para asumir la gestión de dos radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, antes del próximo mes de julio. Otras dos vías están ya también en liquidación, la M-12 Eje Aeropuerto de Madrid y la Ap-36 Ocaña-La Roda, si bien en estos casos aún no es firme.
Según explicó De la Serna, con el eventual acuerdo con los acreedores de las vías se pretendía que este rescate de las autopistas tuviera lugar en "unos términos beneficiosos para la Administración General del Estado", esto es, que permitiera que el importe a abonar por el Estado fuera inferior al que se fijara por la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), que con toda seguridad se determinará en un proceso judicial.
"Si el acuerdo se sitúa por debajo de las expectativas de lo que puede ser esa RPA, estamos dispuestos a él, pero de momento no hemos conseguido ningún avance, cosa que ya sabíamos, porque era muy difícil", detalló el ministro en declaraciones a RNE que recoge Europa Press.
"Así que seguimos con la 'hoja de ruta' que teníamos para facilitar que, en el momento en que se liquiden las actuales concesiones de las autopistas, las vías puedan seguir en servicio", añadió.
FACTURA DEL RESCATE.
La RPA es el importe que el Estado tendrá que pagar a los actuales concesionarios de las autopistas, fundamentalmente constructoras, por el importe que invirtieron en su construcción. El sector estima que supondrá una factura de unos 5.000 millones de euros para las arcas públicas, si bien Fomento ya ha indicado que será un importe "sustancialmente menor".
La dificultad de pactar una solución negociada extrajudicial con los acreedores de las autopistas reside en que los bancos acreedores han ido vendiendo la deuda que tienen en estas infraestructuras a fondos buitres después de que en marzo de 2014 no prosperara un primer intento de rescate negociado.
Fomento ya ha asumido que tendrá así que asumir paulatinamente las vías y atender el pago de la deuda con los ingresos que genere el pago del peaje. No obstante, el rescate coincide con la mejora en los tráficos, cuya caída durante la crisis constituyó una de las causas de su quiebra junto con los sobrecostes de las expropiaciones.
