El fondo de garantía financiero del Gobierno tendrá control parlamentario cada cuatro meses

Actualizado: viernes, 10 octubre 2008 20:14


MADRID, 10 Oct. (OTR/PRESS) -

El fondo de garantía financiero --cuya denominación oficial es Fondo de Adquisición de Activos Financieros-- aprobado hoy por el Consejo de Ministros tendrá dos órganos de administración y será controlado cada cuatro meses por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. La administración, gestión y dirección del fondo corresponderá al Tesoro Público a través de un Consejo Rector y su Comisión Ejecutiva. El ministro de Economía, Pedro Solbes, explicó hoy que las primeras operaciones del fondo se realizarán a lo largo de este último trimestre de 2008, para lo que se aprueba un crédito extraordinario de 10.000 millones de euros ampliables hasta 30.000 millones. El Ejecutivo central confía en que este dinero llegue directamente a las empresas y a las familias españolas que más lo necesitan aunque deja en manos de las entidades bancarias su última gestión.

El Consejo de Ministros aprobó hoy el incremento de 20.000 a 100.000 euros la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos para los clientes de entidades financieras de nuestro país. Además se aprobó el decreto ley por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros con una dotación de 30.000 millones de euros para fomentar la financiación a empresas y particulares residentes en España. Aunque en principio hoy solo se aprobaría un borrador de este Fondo, finalmente y sin el apoyo del PP, se ha aprobado la creación del mismo.

Las primeras operaciones del fondo se realizarán a lo largo de este último trimestre de 2008, para lo que se aprueba un crédito extraordinario de 10.000 millones de euros ampliables posteriormente hasta los 30.000 millones. Así, la dotación total del fondo será de este último importe, que se podrá ampliar a 50.000 millones de euros en el caso de que sea necesario.

El ministro de Economía, Pedro Solbes, explicó hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el principal objetivo de este plan es conseguir facilitar el acceso al crédito a empresas y particulares "que deben ser los grandes beneficiarios de este plan". El ministro, que no especificó la formula que empleara para garantizar que esta liquidez llegue a su objetivo, aseguró que lo importante es garantizar liquidez a los bancos. "No es nuestra labor decir a los bancos como manejar sus carteras y fondos de resultados. Nosotros ponemos el crédito a disposición de las empresas y los ciudadanos y los bancos son los que deciden su margen de actuación", explicó Solbes.

El nuevo fondo con cargo al Tesoro Público para comprar activos financieros de alta calidad establecerá limitaciones para evitar que algunos bancos concentren la liquidez y estará sometido a control parlamentario cada cuatro meses. Pedro Solbes explicó que la compra de activos financieros emitidos por entidades a cambio de efectivo se realizará mediante un proceso competitivo de subasta para la selección de dichos activos a precio de mercado.

De momento el ministro no ha confirmado a que se refieren estos activos "de calidad", ya que según explicó, las diferentes ofertas no van a ser homogéneas por lo que tendrá que haber un análisis previo para tomar una decisión . "Se ha planteado la posibilidad de utilizar las cedulas hipotecarias AAA como producto inicial pero todo deberá ser sometido a estudio", explicó el ministro.

Respecto a la propuesta del PP de que el fondo fuera gestionado directamente por el Instituto de Crédito Oficial, Solbes asegura que el Gobierno ha elegido este modelo porque apuestan por el mercado y no consideran que la banca pública sea la solución. Solbes explicó que es "mucho mas razonable" el sistema propuesto por el Ejecutivo central que el del PP que propone dar dinero a través del ICO. "De este modo el Ejecutivo adquiere activos que no pierde independientemente de la posición del banco, al contrario de lo que supondría prestar dinero a través del ICO que podría encontrarse con problemas como la quiebra de empresas y la imposibilidad de recuperar estas inversiones", explicó Solbes.

CONTROL DEL PLAN

Este fondo de garantía financiero estará sometido al control parlamentario a través del informe que se enviará cada cuatro meses a la Comisión de Economía del Congreso, donde también se podrá comparecer para dar cuenta del mismo. El Consejo Rector, presidido por el ministro de Economía y vicepresidente segundo, Pedro Solbes, será el encargado de establecer las directrices de inversión, hacer el seguimiento y evaluación de su actividad y decidir sobre la aplicación de los rendimientos de los activos y el producto de sus vencimientos o ventas. Además de Solbes, el Consejo estará integrado por los secretarios de Estado de Economía y Hacienda, por el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por el abogado General del Estado y el interventor del Estado.

Solbes insistió en que el plan tendrá un "coste cero" para los ciudadanos porque el Gobierno activos de máxima calidad, lo que asegura la recuperación del capital invertido, y prevé obtener rentabilidades superiores al coste de la emisión de la deuda.

A este respecto, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado tras la reunión del Consejo de Ministros que el Gobierno va a comprar activos bursátiles de máxima calidad de bancos españoles, que volverá a vender cuando los mercados recuperen su normalidad. "La meta es reactivar la economía para regresar lo más rápidamente a la situación anterior", explicó De la Vega.

Además la vicepresidenta explicó que estas medidas de rescate económico propuestas por el Gobierno se acompañan de un anteproyecto de ley presentado en el Consejo de Ministros que mejorará la transparencia de las adquisiciones en el sistema financiero, que lo hará más estable y menos vulnerable a situaciones como las que ha provocado la situación de crisis mundial actual. El proyecto pretende modificar la ley de ordenación y supervisión de seguros privados e incorpora una directiva europea, hoy no recogida en el ordenamiento jurídico español.