MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha advertido de que la merma de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) que implica el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones en favor de ministerios y otros organismos dependientes del Gobierno, junto a algunos aspectos en el diseño del nuevo regulador, le "resta independencia y fortaleza".
La nueva Ley de Telecomunicaciones, que tramita el Senado, pretende eliminar barreras que han dificultado el despliegue de las redes de comunicación de nueva generación y mejorar el grado de competencia.
No obstante, en un artículo firmado por Silvia Serrano Calle para la revista Funcas, se indica que la "timidez y la falta de alcance" de muchas de las reformas que recoge el Proyecto de Ley en unos casos, y la continuidad en la ordenación y el control del sector en otros, dejan "entrever sustanciales debilidades para aumentar la ansiada competitividad".
Serrano Calle explica que, a diferencia de lo que sucede en muchos de los reguladores de las telecomunicaciones en los países de la Unión Europea, la CNMC no tiene, o "son muy limitadas", competencias en ámbitos de gran importancia para la competitividad del sector.
El artículo recuerda que la falta de atribución de esas competencias supone en la práctica una reducción de la capacidad potencial de actuación del organismo regulador sectorial que fue ya criticada desde la Comisión Europea en la fase de tramitación de la Ley de creación de la CNMC y desde el organismo europeo supranacional Orece.
COMPETENCIAS "MUY LIMITADAS"
En esta Ley, en tramitación parlamentaria, se definen nuevas facultades del Gobierno en la administración del espectro radioeléctrico, que se extienden desde la planificación, la gestión, el control, la protección y la aplicación de régimen sancionador, en lugar de cederlas a la CNMC, como ya han hecho los gobiernos de otros países de la Unión Europea.
Entre las funciones que deberá ejercer la CNMC, según la nueva Ley, están velar por la existencia de competencia efectiva en el sector; definir y analizar los mercados de referencia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas; identificar a los operadores con poder relevante en el mercado; resolver conflictos entre operadores, o entre estos y otras entidades, en relación a las obligaciones existentes sobre la utilización compartida de dominio público o la propiedad privada, la ubicación compartida de infraestructuras o el acceso a infraestructuras y redes de titularidad estatal; definir la metodología y determinar el coste del servicio universal e intervenir para fomentar la adecuación del acceso, interconexión e interoperabilidad de los servicios o para facilitar el acceso a determinados recursos.
Sin embargo, aspectos "esenciales" en la regulación del sector como la gestión y el control de la numeración, la portabilidad o la elaboración de planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación y asignación del espectro radioeléctrico, así como la gestión del registro de operadores en España, que realizaba la CMT, serán competencia exclusiva del Ministerio de Industria.
"Todas estas competencias son instrumentos importantes para realizar una labor regulatoria adecuada y tendría más sentido económico que la gestión la realizará la autoridad reguladora sectorial independiente", señala el artículo.
