MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han cifrado en 1.000 euros el importe óptimo en el que el debería fijarse la limitación del pago en efectivo que el Gobierno estudia implantar para aflorar el dinero negro, "ya que de este modo podría obtenerse una recaudación adicional de casi 26.000 millones de euros anuales".
El secretario general del colectivo, José María Mollinedo, explicó que sólo con aplicarse esta medida de manera estricta "se podría recaudar más del triple de lo que el Gobierno planea ingresar con la puesta en marcha de todo el plan de control tributario para 2012".
Además, permitiría rebajar la tasa de economía sumergida en 5,1 puntos, reduciendo así a la mitad la brecha que separa a España -donde un 23,3% del PIB se encuentra sumergido- de los países de nuestro entorno.
Según los técnicos de Hacienda, esta prohibición supondría "una medida disuasoria" frente al fraude fiscal, ya que las empresas no podrían deducir el IVA, ni el gasto en el IRPF ni en el Impuesto de Sociedades en la parte de las facturas pagadas en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador que exceda del límite máximo permitido de 1.000 euros.
REORGANIZAR LA AEAT.
Por otra parte, Gestha se mostró a favor de que el nuevo Plan General de Control Tributario recoja medidas concretas para alcanzar los objetivos de reducción de la tasa sumergida y aumentar las competencias y responsabilidades de los efectivos destinados en la lucha contra el fraude, de manera que las iniciativas anunciadas no queden en "una mera declaración de intenciones".
Así, el colectivo aplaudió la decisión de intensificar el control en los sectores donde se concentran las grandes bolsas de fraude, como la construcción o el alquiler, aunque recordó que el control a través del consumo de energía eléctrica ya se presentó en su momento como 'medida estrella' de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.
Por otro lado, Gestha manifestó su preocupación por que la autorregulación fiscal voluntaria acabe por convertirse en una amnistía fiscal encubierta para aquellos defraudadores que pueden gozar una segunda oportunidad para saldar sus cuentas con el Fisco cuando los ciudadanos de a pie, por el contrario, no disfrutan de "estas facilidades". Asimismo, apremió al nuevo Gobierno a estrechar la colaboración en el ámbito internacional para combatir los paraísos fiscales.
Respecto a la coordinación entre administraciones públicas, los Técnicos de Hacienda calificaron como "una necesidad urgente" que los distintos órganos de las administraciones territoriales pongan su información en común de manera efectiva con el fin de compartir las bases de datos tributarias y luchar de manera conjunta contra el fraude fiscal.
Por otro lado, Gestha abogó por la puesta en marcha de medidas adicionales que permitan incrementar la recaudación en más de 38.500 millones de euros, muy por encima de los 8.171 millones de euros que el Gobierno tiene previsto recaudar con el nuevo plan antifraude que está perfilando, como la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas, de un impuesto sobre la riqueza o de un impuesto a las transacciones financieras internacionales, entre otras.
