Los expertos recuerdan que Bruselas pide a España medidas estructurales, no coyunturales, y desaconsejan rebajar impuestos
MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno en funciones cree que con mantener hasta 2017 las medidas ya aplicadas este año para controlar el déficit público, fundamentalmente la no disponibilidad de créditos, sería suficiente para satisfacer el ajuste estructural de alrededor de 8.000 millones de euros que la Comisión Europea exige a España a cambio de otorgarle un año más de margen para reducir este saldo negativo por debajo del 3% del PIB.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes próximas al Ejecutivo, bajo el convencimiento, según ha manifestado el ministro de Economía, Luis de Guindos, de que no habrá finalmente una sanción económica por parte de la UE por el incumplimiento del objetivo de déficit en 2015 --del 5% del PIB frente al 4,2% comprometido-- que pudiera elevar la 'factura' en un 0,2% del PIB, otros 2.000 millones de euros más.
Las cifras de partida han cambiado después de que Bruselas haya revisado el programa de estabilidad 2016-2019 presentado por España. El Ejecutivo en funciones incluía en su propuesta una reducción del déficit público del 5% del PIB al 3,6% en 2016 y al 2,9% en 2017, sin tener en cuenta medida de corrección alguna el próximo año dado que, en la actual situación política, no tiene capacidad legislativa. En su lugar, el Gobierno confía en el efecto positivo del ciclo económico sobre las cuentas públicas.
Sin embargo, dentro de esta senda, más relajada que la anterior, que exigía situar el déficit por debajo del 3% ya este año, Bruselas ha fijado el objetivo de 2016 en el 3,7% y en el 2,5% del PIB en 2017. Para ello, la Comisión Europea pide un ajuste estructural del 0,25% del PIB este año y otro superior, del 0,50%, en 2017, una cantidad que equivale a unos 8.000 millones de euros.
En este punto, el Ejecutivo argumenta que la Comisión Europea presupone que algunas medidas que se han puesto en marcha este año, fundamentalmente los límites al gasto en el Estado y las comunidades autónomas, se van a revertir.
"En caso de que no se revirtiesen, se cumpliría el objetivo marcado por la Comisión", añaden las mismas fuentes. La cifras dicen que el ahorro previsto por esta vía para este año es de unos 4.000 millones de euros, lo que llevado a 2017 sumaría un total de 8.000 millones.
EXPERTOS LO PONEN EN DUDA.
Sin embargo, el investigador de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) Eduardo Bandrés considera que cuando Bruselas habla de un ajuste estructural se refiere a medias "permanentes y duraderas", no "temporales", como los acuerdos de no disponibilidad de crédito, aunque sea por un periodo de dos años.
"Bruselas habla de medidas estructurales, que tienen que ver con elementos permanentes, como pueden ser copagos, temas relacionados con la dependencia, las inversiones públicas o la organización de las administraciones; no se habla de salvar el ejercicio presupuestario de una y otra manera", explica en declaraciones a Europa Press.
Esta visión coincide con el informe de evaluación del programa de estabilidad 2016-2019 realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que, además de negar la mayor y considerar que las previsiones de gasto del Gobierno son "voluntaristas" y se quedarán cortas a partir de 2017, cree que la reducción sostenida del déficit en los próximos dos años requiere de medidas "con una vocación de permanencia que, a priori, no se garantiza con la adopción de un acuerdo de no disponibilidad de vigencia anual".
Por otro lado, Bandrés señala que el ajuste estructural demandado no tiene que realizarse necesariamente por el lado de los gastos, sino también por el de los ingresos. En este sentido, indica que también podría implementarse una reforma tributaria que incrementara los ingresos.
NO CREEN EN UNA BAJADA DE IMPUESTOS.
En este aspecto, los expertos creen que la bajada de impuestos a la que abrió la puerta este miércoles el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no es el camino.
Bandrés cree que "llevaría a lo contrario de lo que está pidiendo la UE", a menos que la reducción del gasto fuera mayor que la de los ingresos, algo que, en su opinión, "no es factible".
En esta línea, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha indicado en declaraciones a Europa Press que los 8.000 millones de euros de ajuste "no es una cifra enorme", pero no deja margen a una nueva bajada de impuestos.
"Soy bastante escéptico sobre la idea de que bajando impuestos se acabe recaudando más, salvo en casos muy extremos; No creo que éste sea el caso", señala, para apostillar: "Sospecho que hay que recortar algo más; hay cosas que vendrán solas, pero no sé si lo suficiente".
El programa de estabilidad del Gobierno recoge que la reforma fiscal tendrá un impacto negativo de unos 4.000 millones de euros en la recaudación de 2016, pero confía en que en 2017 se incrementen los ingresos tributarios un 4,6% respecto a este año, por una mayor recaudación por IVA e IRPF, entre otros, y por la mayor aportación de las cotizaciones sociales.
