MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno considera que la "situación de conflicto" que se está
generando entre el taxi y el sector de vehículos de alquiler con
conductor (VTC), las empresas como Uber y Cabify, "amenaza con tener
repercusiones sobre los propios usuarios de los servicios".
Así lo indica el Ejecutivo en el Real Decreto-Ley aprobado este
pasado viernes en Consejo de Ministros para blindar al taxi frente a
los VTCs, en el que achaca el "conflicto" al "exponencial" crecimiento
de estas últimas empresa y su impacto sobre el gremio de taxistas.
"El exponencial incremento del número de licencias de VTC comienza
a afectar de manera inmediata y significativa a la otros modos de
transporte, muy especialmente al taxi, un servicio de interés público
fuertemente regulado", indica el texto legal.
"Las consecuencias de este impacto no sólo están generando una
situación de conflicto entre los dos sectores, sino que amenazan con
tener repercusiones sobre los propios usuarios de los servicios",
añade el Real Decreto-Ley que publica el Boletín Oficial del Estado
(BOE) del sábado.
El Gobierno atribuye así a este "exponencial" aumento y sus
referidas consecuencias el hecho de recurrir a un Real Decreto-Ley,
reservado para supuestos de "extraordinaria y urgente necesidad".
No obstante, la medida se aprueba en vísperas de que el Tribunal
Supremo se pronuncie sobre la limitación de una licencia de VTC frente
a treinta del taxi que el Gobierno aprobó por Real Decreto en 2015 y
ahora busca elevar a rango de ley.
El inminente fallo es consecuencia del recurso que la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso contra
entonces contra proporción al considerar que es una medida
"injustificada", contraria a la competencia y que afecta a los
usuarios.
De su lado, el Gobierno también indica en su Real Decreto Ley que
el crecimiento de los VTC "no pudo ser inicialmente previsto por las
Administraciones competentes".
De esta forma se refiere a las alrededor del 10.000 licencias de
este nuevo tipo de transporte que se calcula se autorizarán por vía
judicial, fruto del vacío legal que el sector registró entre 2013,
cuando el anterior Gobierno del PP volvió a regularlo tras la
liberalización aprobada en 2009 por el entonces Ejecutivo del PSOE, y
el año 2015, cuando efectivamente se fijó el ratio de uno por treinta.
Por ello, en la actualidad, el número de licencias de VTC en el
conjunto del país multiplican por más de tres al que debería tener en
virtud de la proporción una a treinta. En concreto, y según datos de
Fomento, existen 7.058 licencias de empresas como Uber frente a 64.217
del taxi.
SEGURIDAD JURÍDICA Y ORDEN PÚBLICO.
"Se pretende así abordar la situación a que han dado lugar estas
circunstancias adoptando medidas que garanticen de forma inmediata y
hacia futuro la adecuada coordinación entre las normas de las dos
modalidades de transporte para evitar cualquier repercusión sobre los
usuarios de los servicios y el orden público", argumenta el Gobierno
en el Real Decreto-Ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) del sábado.
Asimismo, advierte de que en caso de "continuar aumentando sin
límite el número de autorizaciones de VTC, podrían peligrar la
efectividad de las políticas locales destinadas a racionalizar la
prestación de servicios de transporte en turismo en el ámbito urbano y
metropolitano".
Por ello, estima "urgente" dotar de "mayor seguridad jurídica a las
reglas aplicables a las VTC para garantizar el adecuado equilibrio
entre la oferta de estos servicios y la del taxi".
Así, el Real Decreto-Ley establece que las comunidades autónomas,
que son las que tienen la competencia para ello, podrán denegar
autorizaciones a VTC cuando en su territorio se supere la referida
proporción de una por treinta.
Además, el texto, que debe ser convalidado en el Congreso, fijará
también por ley que las empresa como Uber sólo puedan realizar el 20%
de sus servicios de transporte fuera de la comunidad donde tienen
licencia.
Estas medidas se articulan cuatro meses después de que en diciembre
de 2017 el Gobierno aprobara por Real Decreto, los últimos requisitos
al sector, que el CNMC también recurrió ante el Supremo. Entonces
impuso la prohibición de vender licencias VTC en los dos meses
siguientes a su consecución y la obligación de dar cuenta de todos sus
servicios en un registro público.
