12 de diciembre de 2019
  • Miércoles, 11 de Diciembre
  • 22 de noviembre de 2019

    El Gobierno ofrece mantener la rentabilidad hasta 2031 a afectados por recorte de las renovables

    MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

    El Gobierno ha aprobado un real decreto ley por el que establece la nueva retribución a las renovables para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) en el 7,09%, frente al 7,39% actual, ofreciendo además mantener a las instalaciones anteriores al recorte a las renovables de 2013 la tasa de rentabilidad actual hasta 2031, incluido, con el fin de poner fin a la litigiosidad, especialmente por parte de los inversores en los tribunales internacionales, por aquel 'hachazo'.

    En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta normativa es "dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados en 2013 cuando cambiaron las premisas".

    En concreto, el real decreto ley fija un marco retributivo estable para esas instalaciones renovables afectadas por el recorte aplicado en el Real Decreto 9/2013 para gozar de la actual rentabilidad del 7,39% durante los próximos periodos regulatorios -un total de 12 años-, hasta 2031.

    No obstante, para acogerse a ello los inversores deberán renunciar a los procesos judiciales o arbitrales en marcha, así como a las indemnizaciones que se les pudiera haber reconocido, tanto a nivel nacional, los menos, como internacional.

    Con esta normativa, que recoge la misma propuesta cuyo trámite ya inició Gobierno a finales del año pasado pero que finalmente no pudo ser aprobado ante la convocatoria de elecciones generales, Ribera consideró que se busca ofrecer una solución a los inversores que permita "mitigar el impacto" de los recortes de 2013 y "mantener la estabilidad y la predictibilidad de su inversión".

    45 LAUDOS POR INDEMNIZACIONES DE MÁS DE 10.000 MILLONES.

    Ribera cifró en un total de 45 laudos los frentes abiertos por inversores contra el Gobierno de España por ese recorte retroactivo que se aplicó en su retribución, ascendiendo a un importe total las peticiones de indemnizaciones de más de 10.000 millones de euros.

    Hasta ahora, el Estado ya ha recibido un total de 10 reveses en los distintos tribunales internacionales de arbitraje, con unas condenas por un importe total de 821 millones -aunque las reclamaciones en esos casos ascendían a unos 1.700 millones de euros-. "No obstante, no se ha ejecutado el pago de ninguno de estos laudos condenatorios, ya que España sigue ejerciendo su defensa", indicó Ribera.

    Así, la ministra para la Transición Ecológica consideró que esta oferta lanzada por el Gobierno a ese tipo de inversores damnificados "pueda ser considerada como una medida que mitiga el impacto de la decisión regulatoria y reduzca la litigiosidad pendiente e incluso invite a la renuncia del cobro para poder garantizar la estabilidad en la retribución durante 12 años", dijo.

    ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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