MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha rechazado "tajantemente" la decisión anunciada esta tarde por el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Mike Pompeo, de no renovar la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton, que permitirá demandar a las compañías extranjeras implantadas en Cuba, y ha instado a Estados Unidos a "seguir trabajando conjuntamente con España y con la Unión Europea a favor de una reforma política y democrática en Cuba".
Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado, para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la aplicación del Título III "no contribuye al objetivo común de seguir promoviendo la democracia, la apertura política y los derechos humanos en Cuba".
"Disuadir y penalizar el comercio y las inversiones de empresas de terceros estados en la Isla atenta contra los intereses de España y de otros socios europeos en Cuba", ha dejado claro el Ministerio.
Asimismo, ha asegurado que la aplicación extraterritorial de la legislación es contraria al derecho internacional y "dará lugar a una espiral de demandas y contra-demandas que enturbiarán la relación económica transatlántica sin que de ello se desprenda ventaja o avance alguno".
En esta línea, el Ministerio ha asegurado que el Gobierno está trabajando junto con la Comisión Europea y otros estados miembros para adoptar todas las medidas oportunas en foros multilaterales que permitan defender los intereses españoles y el futuro de las empresas españolas en Cuba.
Así, ha señalado que la Unión Europea baraja distintas opciones con el fin de proteger sus intereses, "tanto en el marco de la Organización Mundial de Comercio como por medio del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea".
El Ministerio ha reiterado su compromiso transatlántico y su responsabilidad con el avance de la apertura, la democracia y el respeto de los derechos humanos en Cuba y ha reivindicado la labor de la Unión Europea, "cuyo impacto en el proceso de democratización cubano ha sido más acusado cuando se han aunado esfuerzos con los Estados Unidos y otros socios internacionales".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha señalado que el Gobierno "respaldará a las empresas españolas con actividad en Cuba ante las posibles demandas y sanciones".
