MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra un decreto ley por el que se modifica la Ley del Código de Consumo de Cataluña por considerar que "va contra la normativa estatal" sobre el sector eléctrico y que tiene impacto en el resto de consumidores de electricidad de otras comunidades autónomas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de diciembre de 2013 a fin de que se produzca la suspensión de la norma.
Tras indicar que ese decreto introduce una definición de los consumidores en situación de vulnerabilidad económica, el Gobierno recuerda que, en el ámbito nacional, la figura del consumidor vulnerable se encuentra ligada actualmente al perceptor del bono social.
En este sentido, explica que los requisitos establecidos para tener derecho a ese bono difieren de los que recoge el decreto catalán, lo que supone, a juicio del Ejecutivo, "una discriminación de los consumidores del resto del territorio español".
Además, el decreto establece la imposibilidad de que el suministro de energía eléctrica sea suspendido para los consumidores en situación de vulnerabilidad entre los meses de noviembre a marzo, ambos incluidos, posibilitando que el consumidor satisfaga la deuda pendiente entre los meses de abril a octubre siguientes.
El Gobierno apunta que la regulación estatal no prevé exención alguna para dicho colectivo. Por lo tanto, considera que la posibilidad de aplazar la deuda contraída por el consumidor en situación de vulnerabilidad unida a la posibilidad de acuerdo de precios sociales "tendría repercusión directa sobre los ingresos del sector eléctrico al alterar el pago por aplicación de peajes de acceso y cargos".
El Ejecutivo cree que el hecho de que una comunidad autónoma alterase normativamente este flujo de ingresos tendría repercusión en el resto de consumidores de energía eléctrica a nivel nacional, que "deberían asumir el impacto de que haya consumidores que no paguen el suministro en igualdad de condiciones".
Asimismo, la norma catalana habilita a las empresas suministradoras de los servicios básicos de electricidad y gas y a las Administraciones Públicas a acordar los mecanismos de intercambio de información y de precios sociales con el objetivo de mejorar la prevención y planificación de las actuaciones públicas.
Esto "contraviene la Ley del Sector Eléctrico que prevé un sistema de tarifa de último recurso fijada por el Gobierno y única en todo el territorio nacional", concluye el Ejecutivo.
NO SE MENCIONA CÓMO SE FINANCIARÁN LAS MEDIDAS
Por último, el Gobierno constata que en el decreto que va a recurrir no se hace referencia a la financiación de las medidas adoptadas.
En la actualidad, los costes derivados de la aplicación del bono social son asumidos con cargo a los ingresos del sistema eléctrico. En cualquier caso, el Ejecutivo cree que la determinación de requisitos distintos de los regulados y establecidos a nivel nacional podría, potencialmente, aumentar el número de consumidores acogidos al bono social, "afectando por tanto a los costes que son soportados a nivel nacional".
En conclusión, considera que, dado el carácter básico tanto de la Ley del Sector Eléctrico como los Reales Decretos del 1 de diciembre de 1995 y del 28 de marzo de 2014, la regulación que establece el decreto catalán "invade las competencias estatales en materia de régimen energético", tanto en aspectos ya regulados como en aquellos cuyo desarrollo ha sido atribuido al Gobierno, como es la definición de consumidores vulnerables.
