27 de mayo de 2019
14 de enero de 2008

Hoy juzgan a De la Rosa y a otros cuatro acusados por fraude fiscal en el caso Gran Tibidabo

Hoy juzgan a De la Rosa y a otros cuatro acusados por fraude fiscal en el caso Gran Tibidabo
EP

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona juzgará a partir de hoy al empresario catalán Javier de la Rosa y a otras cuatro personas por un delito fiscal presuntamente cometido en la descapitalización de la compañía Gran Tibidabo, hace ahora más de 13 años. A principios de enero, el tribunal, a instancias de la Abogacía del Estado, rechazó los argumentos de las defensas para que no se celebrara la vista por el fraude a Hacienda tras haber alcanzado un pacto extrajudicial con los minoritarios de la compañía perjudicados.

La Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones particulares y las defensas llegaron a principios de diciembre a un acuerdo extraprocesal por el que De la Rosa y otros cinco encausados admitirían haberse apropiado de 68 millones de euros a cambio de una rebaja sustancial en la petición de condena. El Ministerio Fiscal modificaba así su escrito de conclusiones presentado en 2000 y retiraba los cargos por fraude fiscal.

Sin embargo, la postura del abogado del Estado --que representa a la Agencia Tributaria-- impidió la conformidad de todas las partes y, el 10 de diciembre, obligó a suspender la única vista que se ha celebrado para que el tribunal decidiera si se juzgaba a los acusados sólo por apropiación indebida o también por fraude a Hacienda.

Finalmente, la Audiencia de Barcelona decidió continuar por un presunto delito fiscal el juicio contra De la Rosa, presidente de Gran Tibidabo hasta 1993; Joan Cruells, director general y luego presidente de la compañía; Florencio Cerdà, ex presidente de Consorcio Nacional del Leasing (CNL); Arturo Piñana, vinculado a sociedades de De la Rosa; y Carolina Malagelada, relacionada con empresas intermediarias.

El abogado del Estado pide cuatro años de cárcel y una multa de 3,6 millones de euros para De la Rosa, Cruells y Cerdà, mientras que para Malagelada y Piñana solicita dos años y medio de cárcel y una multa de 1,8 millones por la defraudación al fisco de más de cinco millones de euros en la venta a la Generalitat de la sede del CNL --después Gran Tibidabo--, en la compra de oficinas y en la venta de la cartera de leasing de CNL.

La Audiencia de Barcelona considera que los acusados no han sufrido indefensión alguna durante el proceso, aunque las defensas alegaron que la Agencia Tributaria llevó a cabo una investigación paralela a la del juzgado. El tribunal, sin embargo, dejó para resolver en la sentencia un aspecto clave: Si la apropiación indebida es incompatible con el fraude fiscal, es decir, si las ganancias ilícitamente obtenidas deben o no tributar.

ACEPTAR LA APROPIACIÓN INDEBIDA

Antes de que las partes empiecen a interrogar a los acusados sobre la presunta defraudación a Hacienda, está previsto que todos ellos admitan su culpa en lo que respecta a la apropiación indebida y ratifiquen que están conformes con las penas rebajadas de la Fiscalía, tal y como anunciaron sus respectivas defensas durante la primera sesión del juicio.

En un principio, el Ministerio Fiscal solicitaba un total de 13 años de cárcel para De la Rosa, pero rebajó su petición a tres años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, condena que podría suponer su ingreso en la cárcel. Su esposa, sin embargo, fue exculpada, ya que la Fiscalía no presentó cargos para ella y las acusaciones particulares se adhirieron a su petición en diciembre.

También por apropiación indebida, la Fiscalía rebajó de diez a un año de prisión la pena solicitada para Cruells, y pidió un año de cárcel para Cerdà --que se enfrentaba a siete-- y para el ex representante de Fitinvest Ramon Fiter --para quien pedía cuatro--. Para Piñana, que afrontaba seis años de cárcel, la Fiscalía solicita medio año de prisión.

En cuanto al empresario y ex diplomático Manuel de Prado y Colón de Carvajal, el Ministerio Fiscal pide para él un año de cárcel, frente a los cuatro que solicitaba inicialmente. Para Malagelada, que afrontaba la misma pena, la Fiscalía retiró la acusación porque la causa se dirigió contra ella cuando el delito de apropiación indebida ya había prescrito.

A la hora de rebajar las penas, el Ministerio Fiscal tuvo en cuenta la atenuante de reparación parcial del daño, tras "la entrega por parte de las sociedades patrimoniales controladas por De la Rosa y sus colaboradores de un volumen relevante de acciones y de otros bienes". También admitió la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el caso ha tardado 13 años en llegar a juicio.