MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
Dos jefes de inspección del Banco de España imputados por presunta falsedad en documento público han defendido ante el juez su diligencia en la elaboración del informe de 25 de enero de 2012 de propuesta de incoación de expediente disciplinario contra la cúpula directiva de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas, el director del Departamento de Inspección I del Banco de España, Pedro González, y el jefe del Grupo I de Inspección de la institución, Ángel Rico, defendieron su actuación investigadora y señalaron que el contenido del informe es una opinión profesional basada en hechos concretos documentados.
Ambos declararon este miércoles durante cerca de dos horas cada uno ante el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid por la querella presentada el pasado mes de marzo por el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés. Los inspectores se negaron a hacer declaración alguna a los medios de comunicación.
Sin embargo, las mismas fuentes explicaron que los inspectores incurrieron en contradicciones respecto al conocimiento de los documentos internos de la CAM en los que se basan las acusaciones atribuidas a Avilés en el informe.
Ambos declararon que, además del informe, se han realizado nuevas investigaciones adicionales posteriores y reconocieron no haber estado nunca en la sede de la entidad en Alicante, así como que toda la documentación se solicitaba a la CAM, que la remitía por correo.
AVILÉS DICE QUE CARECEN DE PRUEBAS
En este sentido, el aún presidente de la comisión de control de la CAM afirmó en declaraciones a Europa Press que los inspectores "solo basan su verdad en la palabra" y destacó que no han presentado ninguna prueba documental al proceso para rebatir su imputación. "Incurren en numerosas contradicciones, aseguró.
Avilés consideró que los directores de inspección del organismo supervisor "están mintiendo" y criticó la actuación del Banco de España que "ha dejado mucho que desear, de lo que Europa se está dando cuenta ahora".
El ejecutivo de la CAM pidió al organismo supervisor "que se preocupe de arreglar la situación de los afectados por las cuotas participativas" vendidas por la entidad, ya que, aseguró, "les han otorgado un valor cero cuando están cotizando a unos 1,35 euros".
ACUSA A RICO DE "REGALAR" LA CAM A SABADELL
En este sentido, el querellante señaló a Rico como el responsable de "llevar de la mano" a la CAM al fracasado proyecto del Sistema Institucional de Protección (SIP), que iban a constituir la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, y de "regalar" posteriormente la entidad al Banco de Sabadell, después de la nacionalización en julio de 2011.
El informe del Banco de España en discusión acusaba, en concreto, a Avilés de ocultar el cobro de dietas en sociedades participadas a los órganos correspondientes, de presuntas operaciones de ocultación de propiedades, así como de conseguir préstamos directos a condiciones desfavorables para la entidad.
Avilés aportó al juzgado el acta del consejo de administración de la CAM de 14 de diciembre de 2007, donde se aprobaron las dietas a los consejeros, y reitera su petición al juez de reclamar a los actuales administradores de la CAM, dependientes del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), que remitan una copia del acta del consejo de administración de la entidad de 27 de enero de 2011, donde se aprobó la modificación de su préstamo.
