VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León resolvió la apertura de expediente disciplinario a ocho funcionarios de la Delegación de León vinculados a la 'trama solar', una decisión que el Gobierno regional ha tomado después de que el expediente informativo haya concluido que existen indicios de irregularidades administrativas que podrían deparar en una sanción disciplinaria.
Según informa en su edición de hoy 'Diario de Valladolid. El Mundo' los funcionarios a los que se abrirá ahora expediente disciplinario son los ex jefes de Industria, Emilio Fernández Tuñón, y Fomento, Ana Suárez Fidalgo, quienes fueron obligados a cesar de sus cargos el pasado 11 de agosto.
El rotativo destaca que Fernández Tuñón obtuvo licencia para explotar dos plantas solares en Torrecilla de la Abadesa (Valladolid) a través de una empresa denominada Bancosol Energía Solar SL administrada por un familiar directo, su esposa. Por su parte, Ana Suárez Fidalgo era administradora de Arsoltec y logró licencias para dos plantas solares, también en Torrecilla de la Abadesa, y valoradas en un millón de euros en conjunto.
Pero no son los únicos que se enfrentarán a un expediente disciplinario. Jesús García, funcionario de la Junta y concejal del PP en Villaquilambre, también tendrá que someterse al proceso junto a otros cinco trabajadores de la Delegación territorial. En estos últimos casos ninguno ostenta cargo de libre designación o confianza.
El delegado de la Junta, Eduardo Fernández, será el encargado de ordenar la apertura del expedientes, cuya incoación recaerá en un instructor aún por designar. El proceso puede prolongarse durante meses y no se descartan demoras porque deben comparecer ante el instructor los funcionarios y algunos, como Ana Suárez o el propio Lasarte, están de baja médica.
La instrucción irá dirigida a esclarecer qué negocios han desarrollado directa o indirectamente estos funcionarios y en qué medida estas actividades son lícitas o, por el contrario, incompatibles con su labor pública. Esclarecidas las posibles irregularidades, el instructor deberá presentar una propuesta sancionadora.
Según algunas fuentes consultadas por 'Diario de Valladolid. El Mundo' las sanciones pueden ir desde la suspensión temporal de empleo y sueldo hasta, en el caso más grave, que los expedientados sean removidos de su puesto de trabajo. En este proceso se valora la existencia de incompatibilidades de tráfico e influencias.
