21 de enero de 2020
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  • 5 de diciembre de 2019

    La ley que exigiría a las multinacionales publicar sus datos fiscales encalla por la división entre los 28

    BRUSELAS, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

    La normativa que obligaría a las multinacionales con actividad en el bloque a hacer públicos los impuestos que pagan en cada país está bloqueada por la profunda división que existe entre las capitales europeas y que ha quedado patente este jueves en un debate entre los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin).

    La Comisión Europea planteó esta propuesta en abril de 2016 y el Parlamento Europeo dio su visto bueno a la medida un año después. Pero el borrador legislativo a encallado en el Consejo de la UE, la institución compuesta por todos los Estados miembros.

    Se trata de las segunda pata de la estrategia elaborada por el Ejecutivo comunitario entonces presidido por Jean-Claude Juncker para responder a escándalos como el de los Papeles de Panamá. La UE ya aprobó una normativa para facilitar el intercambio de información fiscal de multinacionales entre las autoridades tributarias de los socios europeos.

    Pero la segunda parte de la iniciativa es la que sigue bloqueada. En concreto, obligaría a aquellas empresas con actividad en la UE y con una facturación global superior a los 750 millones a hacer públicos todos los impuestos que pagan en cada Estado miembro.

    La división entre los países del bloque es casi simétrica y la razón principal es la base legal que debe aplicarse. Según la propuesta original de la Comisión, se trata de un expediente que debe ser aprobado por mayoría cualificada. Esta es la posición de 13 Estados miembros, entre los que se encuentran España, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos Grecia o Portugal,

    En cambio, otros doce socios consideran que, al tratarse de un asunto fiscal, debe ser aprobado por unanimdad y la Eurocámara sólo debe tener un papel consultivo. Es la postura, por ejemplo, de Irlanda, Suecia, Austria, Malta o Luxemburgo. La coalición de gobierno de Alemania no ha cerrado una postura unificada y opta de momento por abstenerse en el debate, mientras que Bulgaria no se ha posicionado.

    Esta situación ha provocado que el expediente no pueda avanzar en el seno del Consejo. Sin embargo, la Comisión Europea ha garantizado que no retirará la propuesta legislativa y espera que puedan conseguirse progresos durante los próximos meses.

    El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, mantiene la esperanza de que se pueda avanzar en los próximos meses.

    "La opinión de los Estados miembros sigue siendo divergente. En cualquier caso, ha quedado claro que no hay unanimidad para cambiar la base legal, por lo que el trabajo continuará con la base legal actual", ha dicho en una rueda de prensa.