La ministra cree que el estatuto es "el mejor posible"
MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha lanzado un ultimátum a la oposición para que este año apruebe los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el año pasado el Congreso rechazó, para que se activen todos los instrumentos destinados a la gran industria electrointensiva.
Durante su comparecencia en una comisión en el Congreso, Maroto ha afirmado que dependerá de los grupos parlamentarios que se tengan unos presupuestos "mejores para la industria" o que, por el contrario, se quede "rezagada" y que los políticos tengan que salir a explicar a las más de 600 empresas afectadas por el estatuto electrointensivo que se hayan denegado unos presupuestos "buenos para la industria".
Por ello, confía en que esta vez, a diferencia de lo que ocurrió con los que su Gobierno presentó hace un año, el Congreso apruebe los presupuestos, ya que considera que, de lo contrario, la industria se quedaría sin los instrumentos adecuados presentes en el estatuto electrointensivo.
Asimismo, ha explicado que, según los datos de la patronal de empresas de gran consumo de energía (AEGE), este año el precio medio diario de la electricidad en España es de 41 euros el megavatio (MW), lo que representa un diferencial de tan solo 5,9 euros frente a los niveles de Alemania o Francia.
En esta línea, ha dicho que en solo dos años el precio ha bajado de 57,3 euros el MW a los actuales 41 euros, lo que representa una rebaja del diferencial respecto a los países del entorno de cerca de 13 puntos, y que en 2022 las previsiones ya apuntan a que el precio en España será más bajo que en el resto de países, con un diferencial negativo de 1,9 euros en 2022.
Por todo ello, Maroto cree que el estatuto es el "mejor posible", ya que da "certeza y seguridad jurídica", y ha mostrado sus discrepancias con las críticas de la oposición, que cree que "no servirá para nada" o que "esté pensado más para algunos territorios que para otros".
"No estoy de acuerdo con que (el estatuto) no sirva para nada y que esté pensado para algunos territorios y no para otros, porque benefician a más de 600 empresas y más de 300.000 trabajadores, garantiza derechos para compensar costes de dióxido de carbono (CO2) y se dota de instrumentos incluidos en los PGE para no tener que revertirlo en los consumidores", ha asegurado la ministra.
Además, respecto a las reacciones que está teniendo en la industria la futura aprobación del estatuto, como el cierre de Sniace, que atribuye, entre otros aspectos, al alto precio de la energía en España para la industria, la ministra ha dicho que se ha reunido con varios agentes relacionados con la empresa y que "nadie le ha dicho que esto no se veía venir".
