MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La mayor parte de la oposición ha reclamado este martes en el Congreso al Gobierno que establezca un régimen sancionador para combatir el retraso intencionado de los pagos a proveedores desde la Administración y las empresas privadas.
Así lo han señalado los distintos portavoces parlamentarios durante el debate de una proposición no de ley del Grupo Popular en el Congreso para reducir la morosidad de las operaciones comerciales que insta al Ejecutivo a estudiar medidas tendentes a establecer un régimen sancionador que sirva de instrumento disuasorio para combatir el retraso intencionado de los pagos.
La iniciativa, sobre la que la diputada popular Susana López ha adelantado que su grupo trabaja en una enmienda transaccional, pide al Gobierno llevar a cabo campañas divulgativas específicas para concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales para un funcionamiento más eficiente de la economía.
López ha señalado que entre 2007 y 2012 desaparecieron 61.642 empresas y se destruyeron 600.000 empleos por la incidencia especial de la morosidad de la Administración, ante la "dejación de funciones" del Gobierno socialista, que finalizó con un déficit superior al 9% "millones de facturas sin pagar".
Por ello, ha recordado que el Ejecutivo del PP llego a cabo un plan específico de erradicación de la morosidad que ayudó a 230.000 proveedores, en su mayoría pymes y autónomos, a cobrar 41.814 millones de ocho millones de facturas pendientes de cobro.
Además, ha asegurado que las medidas coyunturales han permitido mantener 400.000 empleos y supondrán un crecimiento medio del PIB del 3% a medio plazo, situando el periodo medio de pago de las CCAA en 25,45 días, en 9,71 días el de las grandes corporaciones locales, en 24,72 la Administración y en 7,03 días el de la Seguridad Social.
Según el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de diciembre de 2016 publicado por Cepyme y recogido por los 'populares' en su iniciativa, el coste de la morosidad asciende a 869 millones de euros, por lo que la 'popular' ha defendido la necesidad de la iniciativa.
RÉGIMEN SANCIONADOR
Por su parte, el diputado socialista Gonzalo Palacín ha indicado que su grupo apoyará la iniciativa siempre y cuando sea "ambiciosa" y recoja las reivindicaciones del sector empresarial, ya que "se queda corta", por lo que su enmienda pide la fijación de un régimen sancionador como instrumento disuasorio.
Palacín también ha planteado la instauración de un sistema de auditoría para empresas contratistas de licitación pública que certifiquen el cumplimiento de los plazos y ha denunciado que algunos sectores del Ibex 35, aquellos con más licitación pública, rondan los 280 días de periodo medio de pago.
Asimismo, el diputado de Cs Toni Roldán ha denunciado que hay "cientos de empresas con el agua al cuello" porque la Administración pública "no les paga", por lo que ha dicho que se sentiría "avergonzado" si hubiese formulado el texto de la iniciativa, presentada "sin ninguna relevancia legal".
Roldán ha reclamado al Gobierno que cumpla la ley y deje de generar "falsas expectativas", un contexto en el que el periodo medio de pago alcanza los 77 días en las empresas y los 71 en la Administración, frente a los 30 legalmente fijados.
De esta forma, ha pedido al Gobierno que ponga "cuanto antes" en marcha los mecanismos para reducir la morosidad con un régimen sancionador inmediato y acepte las enmiendas a la Ley de contratos, o de lo contrario el grupo de Ciudadanos presentará una Ley de Morosidad para acabar con la "injusticia" actual.
Entre tanto, Alberto Rodríguez de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha tildado de "lacra" la morosidad, ya que "sigue siendo un lastre terrible para la economía", con consecuencias principalmente para autónomos y pequeñas empresas.
Rodríguez ha hecho hincapié en que el plazo medio alcanza los 160 días en el Ibex-35, encabezando Ferrovial, con 536 días, y Acciona, con 425 días, lo que demuestra que el "gobierno de la tripla alianza" actúa con "puño de hierro" contra autónomos y pymes y con 2guantes de seda" con las grandes empresas incumplidoras. Por ello, también ha exigido un régimen sancionador efectivo y un observatorio estatal contra la morosidad.
OBSERVATORIO ESTATAL DE LA MOROSIDAD
Desde PNV, Idoia Sagastizabal ve "deseable" una cultura de la morosidad y que el impago fuese "mal visto", pero al ser "difícil" en un país en el que sigue vigente "la cultura e las chapuzas y del robo" pide medidas más concretas, al igual que Joan Capdevila de ERC, que ve la iniciativa como "un papelito para tapar las vergüenzas".
Capdevila ha explicado que sus enmiendas proponen un régimen sancionador contra los retrasos intencionados y cambios en la legislación que garanticen el "estricto cumplimiento" de os plazos de pago, así como medidas para garantizar el pago de oficio de intereses de demora con metodología para realizar el pago de adjudicadores a contratistas, así como impulsar un observatorio estatal de la morosidad.
También han pedido un régimen sancionador y un organismo independiente similar al aplicado en el sector agroalimentario desde Foro Asturias, el diputado Isidro Manuel Martínez, mientras que Jesús Alli de UPN ha mostrado su apoyo a la medida pese a la carencia de "medidas concretas".
Desde Compromís, Enric Bataller i Ruiz, ha aplaudido la medida porque la morosidad "gangrena" la economía, aunque ha tachado expresiones evanescentes que suenan a venta de humo" las frases de la iniciativa, por lo que ha pedido que se impongan cláusulas penales por cada día de incumplimiento, establecer una caja única pagadora que abone de manera "rápida, generalizar el seguro de caución entre particulares, avales o garantía de primera demanda y un proceso telemático de mediación para reclamaciones pequeñas.
