MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo de servicios de facturación electrónica/EDI Pagero ha abierto una sucursal en París para atender la creciente demanda de facturas electrónicas en Francia y como un nuevo paso en la estrategia de expansión global de la compañía.
El Grupo Pagero, que desde el pasado mes de septiembre está presente en España con una oficina en Madrid, explica en un comunicado que su presencia en Francia proporciona "una mayor cercanía y una mejor asistencia" a los clientes con actividad en el país.
En el marco de la Ley de Modernización de la Economía (LME) aprobada en 2008, el Gobierno francés ha aprobado en 2016 un decreto presidencial que establece una hoja de ruta para la implantación de la factura electrónica, que se hará de forma escalonada según el tamaño de la compañía.
En concreto, a partir del 1 de enero de 2017 será obligatorio el envío de facturas electrónicas para grandes empresas y entidades públicas, el 1 de enero de 2018 para compañías de tamaño medio, el 1 de enero de 2019 para pymes y el 1 de enero de 2020 para compañías de tamaño muy pequeño.
La totalidad del sector público francés (alrededor de 78.000 entidades que gestionan cerca de 100 millones de facturas al año) recibirán las facturas electrónicas a través de una plataforma de gestión centralizada llamada Chorus Pro, que ya está en funcionamiento desde 2010 para grandes empresas.
Pagero ha realizado una integración con esta plataforma y todas las compañías afectadas por el requerimiento legal podrán realizar comunicaciones con el sector público francés a través de Pagero Online desde el 1 de enero de 2017.
"Las inminentes exigencias legales y el hecho de que Francia sea una de las grandes economías de Europa hacen que, para nosotros, sea natural establecer operaciones en el país", ha afirmado el vicepresidente de Partners y Alianzas de Pagero, Fredrik Rosenqvist.
El director General de PGN Ibérica, Alexander Jansson, ha remarcado que, como en los casos de España y Francia, la legislación sobre la facturación electrónica se está introduciendo cada año en más países para "aumentar la eficiencia de las administraciones públicas, ahorrar costes y prevenir el fraude".
