El Estado está condenado a pagar casi 1.500 millones a la constructora pese a que el Consejo de Estado había avisado
MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), la antigua Convergència, quiere saber por qué el Gobierno ignoró el riesgo que asumía en el convenio firmado con Abertis, pese a las advertencias que, denuncian, recibió por parte del Consejo de Estado.
Esta es una de las preguntas que la formación catalana, integrada en el Grupo Mixto en el Congreso, ha registrado en la Cámara Baja, junto con la solicitud de documentación para que se haga público este convenio con la empresa licitadora de las autopistas Barcelona-La Junquera, Barcelona- Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo.
Según denuncia el portavoz económico del PDeCAT, Jordi Xuclà, el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que advertía que el convenio que iba a firmar incluía una cláusula de compensación que implicaba "la desaparición del riesgo" para la empresa concesionaria.
En este sentido, cuestionan al Ejecutivo por qué "el Gobierno aseguró a Acesa (empresa filial de Abertis, con la que el Estado firmó el convenio) unos ingresos mínimos de 1.494 millones de euros". El convenio fue firmado en 2006 y la ministra de Fomento era la socialista Magdalena Álvarez.
"UN GRAN CHUTE A CÓRNER"
Para Xuclà, el convenio entre Abertis y el ministerio de Fomento "fue un gran chute a córner para colar a la concesionaria la construcción de obras importantes como el cuarto carril en Girona y tres nuevos accesos, con la incógnita de saber quién pagaría las obras".
"Ahora, diez años después, la empresa pasa una inmensa factura al Estado" que, según Xuclà, "se suma a otros escándalos de mal gobierno como son los 475 millones que el Estado debe pagar a la empresa gestora del túnel del Pertús de la línea de alta velocidad".
¿QUIÉN HA PAGADO LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA?
Dentro de la batería de preguntas registrada por el diputado independentista, Xuclà se interesa por el coste de la ampliación a tres carriles en diversos tramos de las autopistas concesionadas y por quién ha asumido el coste de dicha ampliación.
Por último, el portavoz de Economía del PDeCAT en el Congreso no descarta pedir responsabilidades políticas al Gobierno español por considerar que "la responsabilidad es, sobre todo, de los políticos y altos funcionarios de Fomento que", ha denunciado, "sistemáticamente aceptan contratos con cláusulas siempre favorables a determinadas empresas, que aunque pierdan, salen ganando ".
