18 de agosto de 2019
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  • 25 de mayo de 2010

    Pedro Castro convoca hoy a los alcaldes de la FEMP para analizar el decreto que impide endeudarse hasta 2012

    MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

    El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Getafe, Pedro Castro, ha convocado a los alcaldes con representación en este organismo para analizar el Real Decreto Ley con que el Gobierno prohíbe a las entidades locales endeudarse hasta el 31 de diciembre de 2011.

    En una breve comparecencia desde el Ministerio de Política Territorial, Castro adelantó que el decreto que entrará en vigor este martes "tiene mucho que ver con la posición defendida por la FEMP", y que resumió en la exigencia de que el Gobierno "gobierne y gestione" y que la oposición tenga "sentido de Estado por encima de las posiciones partidistas y los votos".

    El presidente de la FEMP defendió que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya anunciado una serie de medidas para reducir el déficit público, ya que son "decisiones duras que se hacen para sacar adelante el país".

    Sin permitir preguntas, Pedro Castro añadió que el decreto antidéficit del Ejecutivo busca "animar la economía y generar empleo", apelando a la "solidaridad de los que tienen trabajo".

    Castro compareció ante los medios de comunicación por espacio de cinco minutos en el Ministerio de Política Territorial, donde se reunió durante algo menos de una hora con el titular de este Departamento, Manuel Chaves.

    El regidor de Getafe emplazó a la reunión de hoy de la FEMP para hacer una valoración más detallada del decreto antidéficit y adelantó que Chaves ya le ha mostrado su disposición para volver a reunirse con el organismo de representación de las corporaciones locales y provinciales.

    De esta forma, la Comisión Ejecutiva de la FEMP estudiará hoy el contenido del Real Decreto por el que se adoptan medidas extraordinarias sobre reducción del déficit público, abordando los criterios objetivos para que los alcaldes y los cargos públicos locales puedan aplicar en sus retribuciones la reducción salarial, en la línea de las establecidas por el Gobierno, así como el resto de medidas económico-financieras.