La FEMP cifra en 7.000 millones las necesidades de financiación de los ayuntamientos para asumir los gastos impropios
MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, se reunirá en 15 días con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para discutir sobre cuestiones propias de la financiación local, como la gestión de los denominados 'servicios impropios'.
El también alcalde de Getafe confirmó a Europa Press que hasta el momento la Federación había estudiado diferentes opciones, que podían haber llegado hasta una posible huelga de servicios públicos municipales, una decisión que queda aplazada ahora por la "fase de diálogo" abierta, a la que sumó la creación de dos comisiones, una técnica y otra política, en los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas para analizar las cuestiones que demandan los ayuntamientos al Estado en materia de financiación local.
"Creo que lo que hay que hacer es agotar el diálogo", valoró el presidente de la FEMP, una idea que será transmitida el próximo martes a los representantes de la Federación en la reunión que mantendrán en Palma de Mallorca.
IR AL DÉFICIT PARA MANTENER LA LIQUIDEZ
Castro confirmó que en el encuentro con Zapatero pondrá encima de la mesa la propuesta por la que las corporaciones locales, con Madrid a la cabeza, reclaman al Estado la opción de incurrir en un cierto déficit, cubierto con recurso a la deuda, para mantener la liquidez suficiente.
"Mantendré este punto porque eso es necesario para que los ayuntamientos contribuyan a crear políticas activas de empleo, que se pueden conseguir a través del desarrollo de viviendas protegidas", manifestó Castro. El presidente de la FEMP resaltó que la Federación dispone de un documento elaborado por una empresa, a instancias del Ministerio de Vivienda, sobre 8.000 ayuntamientos españoles en el que se señala que existe suelo público para llevar a cabo 250.000 viviendas, lo que se traduce en tres puestos de trabajo por vivienda, según los sindicatos CC.OO. y UGT.
"Eso supondría crear 750.000 puestos de trabajo y dar 250.000 ilusiones a otros tantos jóvenes que quieren una vivienda a un precio justo", subrayó el portavoz de la FEMP, que insistió en que los ayuntamientos, si tienen capacidad financiera, pueden ser "terminales de desarrollo económico".
FINANCIAR LOS SERVICIOS IMPROPIOS
Lo que defiende Castro es una mejora en la financiación que reciben los ayuntamientos, especialmente para hacer frente a los conocidos como 'servicios impropios', sin infringir en ningún momento la Ley de Haciendas Locales, un extremo al que se llegaría si las corporaciones locales incumplieran el objetivo de estabilidad fijado por el Gobierno.
En este sentido, el presidente de la FEMP y alcalde de Getafe reveló que la Federación cuenta en estos momentos con un documento del Ministerio de Hacienda en el que se exponen las actividades impropias que llevan a cabo los consistorios. El objetivo es que el nuevo Estatuto de la Administración Local recoja dichas competencias y su correspondiente financiación.
Y es que Castro cifró en 7.000 millones las necesidades de financiación de los ayuntamientos para asumir los gastos impropios a sus competencias en materias como seguridad, bomberos, emergencias o servicios sociales. La propuesta de la FEMP es que dicha cifra se reparta entre Estado, comunidades y municipios de forma equitativa, lo que supone una negociación vinculada y paralela.
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid sumaron a esto el hecho de que el Estado trabaja con previsiones de recaudación por debajo de lo que sabe que va a tener, por lo que paga la liquidación con las entidades locales con dos años de decalaje, en vez de uno, que sería lo correcto. Esa cantidad supondría para Madrid precisamente los 300 millones de euros que garantizarían el cierre en equilibrio.
Aunque en todo momento Madrid está dispuesta a mantener la unidad de acción con la FEMP, con quien ha trabajado en el último año, a su juicio lo que solicita Pedro Castro es el mínimo común, puesto que, en su caso, se une a la necesidad de una revisión por capitalidad. De hecho, desde Cibeles no se entiende bien que cada habitante de Barcelona reciba del Gobierno central 130 euros más que los madrileños por mantenimiento de los monumentos culturales de la ciudad.
CASTRO APUESTA POR UN 0,5% DE DÉFICIT
Por otro lado, la propuesta de las administraciones locales sobre el déficit quedaría avalada mediante un informe, ya solicitado al Ministerio de Hacienda, como puntualizó Castro, y que debería estar listo antes de la reunión de la Federación en Palma de Mallorca. Se trata de un informe jurídico y económico que contempla la viabibilidad de que los ayuntamientos puedan endeudarse sin vulnerar la Ley de Régimen Local y la de Haciendas Locales.
El argumento de los ayuntamientos se basa en que el Estado ha establecido el objetivo de déficit para este año en el 1,5 por ciento, que permite a las comunidades autónomas un déficit de hasta el 1 por ciento. Ello se añade a que, aunque no lo prevé formalmente, ha hecho una previsión que contempla un déficit de las corporaciones locales del 0,3 por ciento del déficit. Castro espera alcanzar un entendimiento con Zapatero para poder llegar hasta el 0,5.
De este modo, la lógica que impera en ayuntamientos como el de Madrid pasa por señalar que si el Gobierno de Zapatero ha previsto 50.000 millones de euros en el plan de rescate bancario para otorgar liquidez a las Pymes, también se debería garanticen entre 2.000 y 3.000 para asegurar la liquidez de los propios ayuntamientos. Según fuentes municipales madrileñas, ello garantizaría los plazos de pago e incentivaría al tejido productivo y a las pequeñas y medianas empresas que trabajan con las administraciones locales.
En este sentido, Pedro Castro aclaró que la intención de los ayuntamientos pasa por fiscalizar los fondos destinados a las pymes, ver cómo llega ese dinero a las pequeñas y medianas empresas.
De hecho, el Ayuntamiento de Madrid prevé cerrar este año en equilibrio, si se mantiene la caída actual de la recaudación fiscal. Ahora bien, si sigue la tendencia a la baja, Madrid quiere poder recurrir al déficit con cargo a la deuda, como lo hacen las Comunidades autonómicas.
