17 de junio de 2019
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    El penúltimo final de los paraísos fiscales

    El penúltimo final de los paraísos fiscales
    IHE

    MADRID, 22 Abr. (Por José Luis Groba López, presidente de Inspectores de Hacienda del Estado) -

    Siempre que surge un escándalo económico-financiero-fiscal aparecen los paraísos fiscales, territorios caracterizados por su baja o nula tributación, opacidad, secretismo y anonimato. La reacción inmediata de todas las personas que ejercen cargos públicos de cierta relevancia es intentar tranquilizar a la opinión pública con severas y negativas valoraciones sobre su existencia y la necesidad de su eliminación.

    Significativa y contundente fue la declaración de Gordon Brown al término de la reunión del G-20 celebrada en Londres en abril del 2009: "...Acordamos desarrollar acciones contra las jurisdicciones no cooperativas incluyendo los paraísos fiscales. Estamos listos para aplicar sanciones en orden a proteger nuestras finanzas públicas y sistemas financieros. La era del secreto bancario ha terminado..." A este primer ministro del Reino Unido le sucedió al año siguiente David Cameron al que imagino con algún problema para conciliar la rimbombante declaración anterior con los "Panama-papers".

    Pero no sólo políticos o famosos han utilizado o se han relacionado con paraísos fiscales. Estos son la parte más llamativa, pero no la más importante. El mayor importador de plátanos en la UE está en la Isla de Jersey, las más distinguidas compañías de seguros se encuentran establecidas en Bermudas y en las Islas Caimán, más del 80% de las principales compañías norteamericanas y más del 90% de las compañías españolas del IBEX-35 tienen presencia en paraísos fiscales, la cual además no hace sino aumentar.

    Todo ello explica cómo es posible que un puñado de pequeños países tengan en jaque al resto del mundo. Si hasta ahora han existido los paraísos fiscales es porque los demás países y los organismos internacionales lo han permitido.

    Su éxito ha sido tan grande que ha pasado a ser su mayor enemigo. Los avances tecnológicos han democratizado su utilización y ya no es necesario viajar a estos territorios para constituir en ellos una sociedad o abrir una cuenta, ni tampoco hay que transportar maletines llenos de billetes. Cualquier asesor algo enteradillo y "echao palante", junto con un cliente ahorrador mediano, pueden montar bruñidas "verbenitas" financieras en estos territorios.

    El número de golfos es cada vez mayor y sus golferías más grandes; y claro, el sistema no lo ha resistido, constituyendo sus conductas una de las principales causas de la actual crisis financiera que ha provocado que se empiecen a tomar medidas a nivel internacional para atajar esta situación, si bien con cierta indolencia y sin muchas prisas, no vaya a ser que sorprendan muy descolocados a los grandes defraudadores.

    La medida estrella, a mi juicio, es actualmente el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras, consecuencia del cual se aprobó el año pasado el RD 1021/2015 por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en al ámbito de la asistencia mutua. El suministro de información se materializará mediante la presentación de una declaración informativa anual.

    Este acuerdo ya ha sido firmado por 80 países (las 94 jurisdicciones que se nombran en algunos artículos corresponden a un convenio más amplio y laxo) pero la sorpresa es que se están adhiriendo a él paraísos fiscales; Panamá todavía no, pero seguro que lo hará. Estos territorios nunca manifiestan su oposición expresa, se doblan al modo de juncos a las pequeñas exigencias de la comunidad internacional, pero sus raíces permanecen siempre en la misma posición.

    Si este acuerdo se aplicara correctamente supondría el principio del fin de los paraísos fiscales pero, como siempre ocurre con este tipo de normas,  esconde dos trampas importantes. La primera es que los países firmantes no están siendo obligados por ahora a intercambiar la información con la totalidad del resto de países firmantes - ya veremos con quién está dispuesto a intercambiar información las Islas Cook o Islas Vírgenes, por ejemplo -. La segunda es que todavía no se han establecido las acciones coercitivas necesarias para que a todo el mundo le interese estar dentro de este acuerdo y no fuera.

    A finales de 2017 comprobaremos si esta vez la comunidad internacional va en serio o nuevamente ocurre como con los jaraneros recalcitrantes, que siempre están tomando 'la penúltima' por muy tarde que sea.