PSOE y Podemos acusan a los 'populares' de intentar retrasar otra vez la ILP que los sindicatos registraron en el Congreso en mayo de 2016
MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular ha solicitado las comparecencias del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, y la directora del servicio jurídico de la Seguridad Social, María Nieves Ciruelo, antes de que se abra en el Congreso el plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley impulsada por los sindicatos sobre una prestación de ingresos mínimos.
Todo ello después de que la Comisión de Empleo y Seguridad Social, gracias a los votos de PP y Ciudadanos, decidiera iniciar un período de comparecencias previo a los plazos para presentar enmiendas parciales a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que los sindicatos CC.OO y UGT registraron en el Congreso en mayo de 2016 para establecer una renta mínima de unos 400 euros a todo desempleado en edad de trabajar.
SEGUNDO INTENTO
Tanto PSOE como Unidos Podemos vieron en esta solicitud un intento de dilatar con nuevos plazos la tramitación en el Congreso de esta propuesta, recordando que casi ocho meses después de superar su admisión a trámite, la iniciativa volvió a someterse a un debate, en esta ocasión de totalidad, al presentar el PP un texto alternativo que no recogía ninguna prestación.
En concreto, la alternativa del PP buscaba pretendía derribar la ILP de los sindicatos y, a cambio, crear por ley una comisión de estudio sobre el catálogo de las prestaciones y ayudas sociales existentes en España.
Ahora, con las comparecencias solicitadas, a las que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' buscan una valoración sobre la viabilidad de esta prestación, tanto desde el punto de vista de su impacto en las cuentas públicas y los compromisos fiscales del país con Bruselas, como desde el punto de vista jurídico.
UNIFICAR UN PLAN DE AYUDAS
Durante el debate de totalidad de la proposición de ley, el PP recordó la intención del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de estudiar con las comunidades autónomas y los agentes sociales las distintas prestaciones y subsidios con el fin de "fundir" todas ellas en un mismo plan de ayudas y cumplir con el ordenamiento dictado por el Tribunal Constitucional.
El Alto Tribunal entendía que la gestión de este plan, que establece ayudas de unos 400 euros a personas en situación de desempleo de larga duración, debía corresponder a las comunidades autónomas, y no al Servicio Público de Empleo Estatal.
El PSOE y Unidos Podemos han acusado al PP de tratar de dilatar la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por CC.OO y UGT para establecer una prestación de renta mínima para parados, y en concreto se refieren a la petición de los 'populares' de organizar una ronda de comparecencias de expertos en el Congreso antes de presentar las enmiendas parciales.
