Quiere que el Tribunal de Cuentas pueda tener acceso a la documentación que está en el juzgado por 'Malaya'
MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular quiere que el Tribunal de Cuentas pueda seguir investigando la situación del Ayuntamiento de Marbella tras los informes de fiscalización ya presentados, pide a la Junta de Andalucía que "cumpla" con las recomendaciones que en ellos se recogen y, sobre todo, quiere que el Gobierno central destine 600 millones de euros para paliar las consecuencias del "expolio" cometido en el consistorio marbellí durante años.
La diputada nacional Celia Villalobos adelantó a Europa Press que éstas son algunas de las líneas fundamentales de las propuestas de resolución que su grupo acaba de presentar en el Congreso de los Diputados al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas y que se debatirán y votarán en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas del próximo miércoles.
Como ya hiciera con anterioridad, Villalobos defendió que la actual situación del Ayuntamiento requiere que el Gobierno haga un "especial esfuerzo" para con sus ciudadanos. La diputada llevará a la comisión la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado de 2009 incluyan una partida presupuestaria de 600 millones de euros que ayuden a reflotar el consistorio.
Por otro lado, Villalobos lamentó que el juez Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso 'Malaya', "se llevase" al juzgado mucha documentación y expedientes del Ayuntamiento, lo que supuso un buen problema para los miembros del Tribunal de Cuentas encargados de elaborar la fiscalización. Así, la diputada considera que Cuentas debe tener acceso a toda esa documentación para que, como "único (órgano) independiente que es", pueda seguir investigando.
La diputada por Málaga tampoco ha pasado por alto la actuación de la Junta de Andalucía tras conocer el entramado que destapó la operación 'Malaya' y, después de que el presidente del Tribunal de Cuentas anunciase durante la presentación del último informe que los órganos superiores al Ayuntamiento ya conocían en 2001 los resultados del primer informe que "describía la situación alarmante sobre la organización y la gestión del Ayuntamiento", la primera ha pedido al Gobierno de Chaves una "colaboración activa".
Así, según recoge en sus propuestas de resolución, el PP quiere que se inste a la Junta de Andalucía "a cumplir con las resoluciones del Tribunal de Cuentas". Del mismo modo, considera que los informes del órgano fiscalizador deben ser remitidos a la Fiscalía General de Estado y a la Fiscalía Anticorrupción para su toma en consideración, en caso de que lo considerasen oportuno.
Por último, el PP pretende instar al Gobierno central, concretamente al Ministerio de Administraciones Públicas, a que abra expedientes administrativos contra aquellos funcionarios del cuerpo nacional que "lo hayan podido hacer mal". "Al margen de las responsabilidades penales, el ministerio debe abrir expedientes a funcionarios que hayan hecho mal su trabajo en lo que se refiere a custodia de documentos" o asuntos de este tipo, concluyó la diputada.
