MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PSOE quiere que una empresa que decida trasladar su producción a otro país tenga que devolver toda ayuda pública recibida, ya sea en forma de subvención o bonificación, en el marco de las políticas activas o de fomento del empleo.
Así figura en una proposición no de ley recogida por Europa Press que la diputada socialista Rocío de Frutos ha registrado en el Congreso, y con la que el PSOE quiere frenar el fenómeno de la deslocalización.
Otras de las medidas propuestas en la iniciativa pasan por potenciar la negociación colectiva en las empresas, reforzar la acción normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en las empresas "para asegurar unos estándares mínimos de condiciones de trabajo" y fortalecer las regulaciones internacionales de las relaciones laborales.
De Frutos también llama a desarrollar una Ley de Participación Institucional con la que potenciar la implicación de los agentes sociales en aspectos relacionados con la dignidad del empleo y fomentar códigos de buenas prácticas en los procesos de deslocalización.
MÁS PRECARIEDAD Y MENOS PODER SINDICAL
En su exposición de motivos, el PSOE detecta que la deslocalización de las empresas hacia territorios de bajos costes laborales y legislaciones más flexibles ha provocado "graves desequilibrios y desigualdades en el mercado de trabajo", así como "mayor precariedad, inestabilidad, más desempleo y debilitamiento del poder sindical".
"La globalización trata el trabajo como un factor económico más, sin hacer caso de su connotación humana y social, hasta el punto de ver el derecho laboral y la acción sindical como obstáculos al desarrollo empresarial", advierte De Frutos.
En este sentido, a pesar de que reconoce que en el marco de la Unión Europea "se tratan de paliar los efectos negativos" de estos desplazamientos, critica que "no existe prácticamente ninguna actuación para evitar los efectos negativos de la deslocalización".
Por ello, exige la puesta en marcha de medidas de modernización e innovación para que las empresas puedan apostar por una competencia y productividad no basada en los bajos salarios y promover una "ética empresarial", para que la externalización de la producción se realice en condiciones que impidan la explotación laboral.
