MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE quiere que la futura Ley de Contratos del Sector Público determine que las empresas concesionarias de infraestructuras asuman las eventuales pérdidas del negocio para evitar que en futuro el Estado tenga que afrontar nuevos rescates como el que actualmente se plantea para ocho autopistas quebradas.
Así, se reclama en una de las más de 400 enmiendas que los socialistas han presentado en el Congreso a la actualización de la Ley de Contratos del Sector Público para trasponer directivas europeas. La ley y las enmiendas de los distintos grupos se debatirán ahora en ponencia y comisión.
Según ha señalado la portavoz socialista de Administraciones Públicas, María Jesús Serrano, estas aportaciones "tienen como máximo objetivo sustituir la voluntad del contratista que preside el proyecto de ley presentado por el Gobierno del PP por el servicio objetivo al interés general en el marco de un Estado social".
Con el cambio sobre las concesionarias, el PSOE pretende que el empresario privado que asume la realización de la concesión a una autopista de peaje sea responsable de la misma, recayendo en el concesionario los riesgos de construcción y explotación de esas obras. La medida va dirigida a evitar situaciones como el rescate de las autopistas radiales, que deberán ser rescatadas por el Estado tras declararse en quiebra.
MÁS CONTROL PARLAMENTARIO Y FUNCIONARIAL.
Dentro de sus aportaciones, el PSOE pretende incluir medidas de control, incluido el parlamentario, pues propone la creación de una ponencia permanente vinculada a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, que recibiría toda la información de contratación pública.
Asimismo, apuesta por imponer un responsable que supervise la ejecución de los contratos, reforzar el papel de los tribunales de contratación y articular un régimen de control independiente.
También se incorporan medidas de protección de los trabajadores en los supuestos de sucesión de empresas contratistas de servicios e incide en que todos los contratos del sector público tengan el mismo régimen de restricción sobre las modificaciones de los mismos.
Respecto a los contratos menores, las enmiendas, aseguran desde el PSOE, "persiguen una mayor eficacia y control en el uso de esta figura", pues introduce una serie de limitaciones, como la obligación de publicación en un plazo breve, la imposibilidad de duración superior a un año y "reforzamiento de medidas contra la corrupción".
POTENCIAR CONTRATACIÓN DE MUJERES.
Otro de los elementos introducidos en las enmiendas son las cláusulas sociales, al incorporar criterios sociales y ambientales, regímenes especiales para aquellos servicios que no cumplen una finalidad de lucro, o para aquellos contratos vinculados a la creatividad y a la innovación.
También se favorecería a empresas que garanticen mayor estabilidad en el empleo, una mayor presencia de mujeres y a las que hayan adoptado medidas relevantes contra la siniestralidad laboral y la mejora de la formación.
En relación con las pymes, se incluyen medidas contra la subcontratación y la incorporación de previsiones para que en los casos de subcontratación cobren lo pactado lo antes posible. Asimismo, frente a la prohibición de fraccionamiento en lotes, se permite cuando el objeto del contrato lo permita con el fin, aseguran los socialistas, de favorecer la participación de empresas básicas en nuestro tejido productivo.
El PSOE ha destacado que de estas 400 enmiendas, un centenar han sido transaccionadas con aportaciones diversas, tras recibir unas 1.300 propuestas, reflexiones e ideas presentadas por más de 70 entidades, observatorios, plataformas asociativas, organizaciones empresariales, sindicatos, expertos y colectivos interesados en la Ley de Contratos del Sector Público.
