La inmobiliaria suma tres años en concurso con el proceso paralizado en los tribunales
MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Reyal Urbis comunicó el despido a 31 trabajadores de la compañía en la primera quincena del pasado mes de febrero, con lo que la inmobiliaria en concurso de acreedores comenzó a aplicar el expediente de regulación de empleo (ERE) que pactó a finales de 2015 para toda su plantilla.
El ajuste se acordó para los 67 trabajadores con que aún cuenta la empresa, si bien se determinó que su aplicación se acometería de forma escalonada.
Reyal Urbis "comunicó entre los pasados días 4 y 15 de febrero a 31 de los trabajadores de la empresa la decisión de extinguir sus contratos laborales en virtud del acuerdo de medidas de despido colectivo".
Así lo indica la inmobiliaria que preside Rafael Santamaría en su informe anual de 2015, que concreta que el ajuste fue autorizado el 26 de enero por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, el que tramita su proceso concursal.
Tras recibir el 'visto bueno' del juez, Reyal prevé "materializar los despidos de una parte sustancial de la plantilla en los primeros meses de 2016".
La compañía calcula que el ERE para los 67 trabajadores que aún quedan en la compañía le supondrá un coste de 2,90 millones de euros, que los administradores concursales de la empresa ya han provisionado.
Las condiciones pactadas para los trabajadores son las mismas que se acordaron para el primer ajuste de personal que abordó Reyal Urbis, el acometido en mayo de 2014 para 60 empleados, la mitad de los que entonces tenía la inmobiliaria, que acaba de sumar tres años en concurso de acreedores, desde febrero de 2013.
PROCESO CONCURSAL PARALIZADO.
En este sentido, Reyal indica que "aún no ha recibido contestación" de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el recurso de apelación que la empresa presentó el pasado mes de diciembre contra la decisión del Juzgado Mercantil de rechazar la propuesta de convenio de acreedores que la inmobiliaria presentó hace un año para superar el concurso.
La presentación de este recurso supone paralizar el proceso concursal casi un año, periodo medio estimado para que la Audiencia traslade el recurso a las partes, resuelva las posibles impugnaciones y finalmente dictamine.
Reyal Urbis recurrió al considerar que la propuesta de convenio que presentó en febrero de 2015 es la única alternativa de la empresa para evitar su liquidación y poder afrontar la deuda de 3.978 millones que soporta.
El juez rechazó no obstante esta propuesta a través de un auto emitido el pasado mes de septiembre, por no considerar factible las fórmulas de pago planteadas por la inmobiliaria.
