SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las 'arcas públicas' tendrán que soportar un coste de 450 millones de euros anuales en el caso de que, tal como ha avanzado el Ministerio de Fomento, no se prolongue el plazo de concesión de cinco autopistas que vence en los próximos años, entre 2018 y 2021.
La cifra surge de considerar el importe que el Estado tendrá que asumir para mantener las vías y del monto que, por otro lado, dejará de ingresar como retorno fiscal.
Así lo expuso la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan en una jornada sobre infraestructuras que ha organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, durante su exposición en defensa del modelo de colaboración público-privada para construir dotaciones públicas.
Entre los próximos tres y cinco años (2018 y 2021) concluyen los plazos de concesión para los que se adjudicaron las primeras autopistas que se construyeron en España.
Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, de la AP-7 Tarragona-Alicante, de la AP-4 Sevilla-Cádiz, dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Itínere es titular de la primera vía y Abertis, del resto.
La patronal de constructoras y concesionarias no sólo rechaza que Fomento no vaya a prolongar la concesión de las vías, tal como el titular del Departamento, Íñigo de la Serna, ha indicado en distintas ocasiones. La asociación reclama además que se articule el cobro de peaje por la red de autovías, en línea con otros países de la UE.
La generalización del peaje generaría ingresos equivalentes al 4% del PIB a las distintas administraciones pública, según los cálculos de Seopan.
'AHORROS' DE LAS AUTOPISTAS.
Sólo la red de autopistas de peaje con que cuenta España, de unos 3.300 kilómetros de longitud que explotan distintas empresas a través de contratos de concesión, ha permitido al Estado 'ahorrarse' 16.413 millones de euros que hubieran supuesto su construccióm.
Asimismo, también han supuesto un ahorro de 8.700 millones de euros en conservación de estas vías entre 1974 y 2014 y, además, han generado retornos fiscales por 7.984 millones sólo entre 2004 y 2013, según los cálculos de Seopan.
Por todo ello, la patronal ha pedido potenciar la colaboración público-privada para invertir en infraestructuras, si bien considera que primero es preciso "adaptar y mejorar la regulación sobre concesiones".
"El proceso de consolidación fiscal impedirá que la inversión sea por vía presupuestaria, con lo que el único modelo posible es el basado en la colaboración público-privada, que permite diferir el coste de la infraestructura en el largo plazo e incorpora en un mismo agente la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura", defendió durante su intervención en la jornada de la UIMP.
