Dice que los sindicatos pretenden "mantener su 'status quo' a costa de una sangría en el bolsillo de todos los españoles"
MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobará mañana viernes el Real Decreto Ley de reforma del sector de la estiba portuaria, el régimen del colectivo de trabajadores que se dedican a cargar y descargar la mercancía de los barcos en los puertos, según confirmó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
La reforma se aprobará por tanto sin el inicialmente pretendido consenso con el sector, sin contar aún con el respaldo de los grupos parlamentarios del Congreso, donde el texto debe validarse posteriormente, y mientras los sindicatos de estibadores mantienen convocado un calendario de tres semanas de paros en los puertos a partir del próximo 6 de marzo.
A pesar de todo ello, "el Real Decreto Ley se aprueba mañana", confirmó De la Serna. El ministro reiteró que no se trata de una decisión política del Gobierno, sino de una modificación a la que están obligados para cumplir con la normativa europea y evitar una sanción del Tribunal de Justicia de la UE.
"Es una obligación del Gobierno, que no tiene más salida que reformar la Ley", declaró el ministro. "Estamos atados de pies y manos", añadió.
El titular de Fomento aseguró contar con "el consenso del sector empresarial" y además apuntó que la aprobación del Real Decreto Ley "no es el final del proceso" de reforma.
En este sentido, volvió a apelar a que las principales reivindicaciones planteadas por el colectivo de estibadores ante la reforma se diriman en el marco de la negociación actualmente abierta entre empresas y sindicatos.
Asimismo, De la Serna llamó a la "coherencia y responsabilidad" a los representantes de los trabajadores para seguir negociando "sin una convocatoria que condiciona a la otra parte de la mesa", según dijo en relación al calendario de paros de los estibadores.
"Entiendo que los sindicatos hagan lo posible por mantener su 'status quo', pero ello sería a costa de ocasionar una sangría al bolsillo de los españoles y una huelga que perjudicaría a la economía del país", declaró respecto a la posible multa a España de la UE que se pretende evitar y a los paros convocados.
De la Serna asegura que el texto de Real Decreto Ley que mañana lleva a la mesa del Consejo de Ministros "ya incorpora todas las peticiones de los sindicatos que puede incorporar". "Y lo que no incluye, no es porque el Gobierno no quiera incluirlo, sino porque no lo permite la Comisión Europea", afirmó.
"El Real Decreto Ley presenta la máxima flexibilidad para los trabajadores dentro de lo que obliga la UE", garantizó. "Además, cuenta con el consenso del sector empresarial", enfatizó.
SIN APOYO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
En cuanto al posterior proceso de convalidación en el Congreso que debe pasar la reforma tras su aprobación en Consejo de Ministros, De la Serna apeló asimismo a la "responsabilidad" de los grupos políticos.
El ministro indicó que están hablando con todos ellos, si bien quedó patente que aún no cuenta con apoyo alguno para sacar adelante la reforma, dado que al ser preguntado por este punto se limitó a responder: "Vamos a esperar hasta la convalidación".
Asimismo, reconoció que "el Gobierno no suele llevar al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley si no tiene ciertas garantías de que se aprobará".
A pesar de ello, De la Serna manifestó su "confianza" en la "responsabilidad y el sentido común" de los grupos al considerar que el de la estiba "no es un Real Decreto Ley al uso", es un texto "al que obliga una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE", insistió.
"Los grupos parlamentarios saben lo que esta reforma supone, que el Gobierno está atado de pies y manos, que tiene la responsabilidad de atender lo que dice la UE y que las consecuencias de no hacerlo afectarán al bolsillo de los españoles".
Fomento pretende reformar el sector de la estiba para adecuarla a la normativa europea y evitar una sanción que, según el Ministerio, el Tribunal de Justicia de la UE está a punto de fallar contra España.
Para ello, con su Real Decreto Ley articula un periodo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios (sagep), firmas que actualmente monopolizan el sector porque de ellas dependen todos los estibadores y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en los puertos.
