MADRID, 11 Jul. (OTR/PRESS) -
La reacción de los sindicatos ante las medidas anunciadas por Mariano Rajoy ha sido tajante. CC.OO., UGT y CSI-F las han considerado un "atropello", y han convocado una jornada de manifestaciones en toda España para el 19 de julio. Los representantes de los sindicatos, además, han abandonado la reunión convocada por el Gobierno para explicar las medidas que afectan a los funcionarios, como la eliminación de la paga extra de Navidad, entre otras.
El anuncio de las nuevas medidas anticrisis que ha hecho público este miércoles el Gobierno no ha dejado indiferente a los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, que han convocado una movilización general en España.
Ignacio Fenández Toxo, secretario general de CC.OO., ha declarado, durante su discurso al término de la manifestación de los mineros en Madrid, que las nuevas medidas suponen "un atropello para todos", y ha denunciado que "no hay ni una sola para que los ricos, que están en el origen de la crisis, paguen por lo que está sucediendo".
Por su parte, Cándido Méndez, líder de UGT, en el mismo acto, ha dicho que las medidas de Rajoy son un tratamiento de choque "con más posibilidades de matar que de curar", y que es injusto centrar las medidas "en los parados, pensionistas y empleados públicos".
El sindicato de empleados públicos CSI-F ha expresado su "indignación y oposición frontal" ante los nuevos recortes. El sindicato ha anunciado que convocará movilizaciones en julio y agosto, con paros parciales en todas las administraciones públicas, y no descarta convocar una huelga en septiembre.
El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha criticado que los empleados públicos sean "la caja de ahorros del Estado" cada vez que es necesario hacer ajustes en la economía nacional. Ha señalado que los nuevos recortes son consecuencia del ajuste en el sistema bancario, algo que "no tiene nada que ver con le funcionamiento del sector público."
Borra ha recordado también que el Tribunal Constitucional de Portugal determinó la semana pasada que la rebaja de sueldos en el sector pública es discriminatoria respecto al sector privado, y ha planteado la posibilidad de que suceda lo mismo en España.
Como primera medida de protesta, los sindicatos han suspendido la reunión prevista para la tarde del miércoles, en la que el secretario de Estado de Adminsitraciones Públicas, Antonio Beteta, iba a explicar las nuevas medidas y sus consecuencias.
Los representantes de CC.OO., UGT, CSI-F, ELA y CIG han esperado a que la reunión en la Dirección General de la Función Pública comenzase para levantarse de la mesa y abandonar la sala. Al salir han tachado la reunión de "farsa" y han convocado concentraciones en las puertas de los centros públicos para el próximo viernes.
CC.OO. ha afirmado que el Ejecutivo "está actuando de forma autoritaria y tratando a los sindicatos como objetos, pues no les consulta absolutamente nada", y ha denunciado que el Gobierno pretendiese "anunciarnos medidas ya aprobadas".
Más de 200 funcionarios se han reunido en los alrededores del edificio de Hacienda, donde han llegado incluso a entrar en la planta en la que iba a celebrarse la reunión. Los manifestantes pedían a voces a los representantes sindicales que no se sentaran a negociar con Administraciones Públicas.
En un comunicado posterior, las direcciones ejecutivas de CC.OO. y UGT han convocado una jornada de manifestaciones en toda España el próximo 19 de julio, y han declarado que el Gobierno "ha faltado al respeto a los trabajadores públicos".
Los dos sindicatos mayoritarios han ratificado una estrategia de movilización "sostenida" contra los recortes, que conocerá en otoño una expresión "más firme y contundente". Además han reiterado su intención de celebrar en los próximos meses una consulta a la ciudadanía para que se pronuncie sobre los recortes sociales y laborales.
PROTESTAS ESPONTÁNEAS AL CONOCER LAS NUEVAS MEDIDAS
Los ciudadanos también han reaccionado de inmediato ante el anuncio del Gobierno. En cuanto se conocieron los nuevos recortes, decenas de funcionarios de la Audiencia Nacional se desplazaron a la sede del PP en la calle Génova de Madrid (situada cerca del órgano judicial) y cortaron la calle durante varios minutos.
Los secretarios de los Juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia expresaron sus quejas ante el anuncio de la supresión de la paga extra de Navidad al grito de "Queremos turrón y polvorones". Han considerado "incomprensible" que estos recortes se produzcan días después de que el Gobierno anunciase una inversión de 14 millones de euros para reformar el edificio de la Audiencia Nacional.
En lo que han calificado como una "manifestación espontánea", tras interrumpir el tráfico durante unos minutos, los funcionarios se desplazaron a la puerta de la sede del PP, donde se han concentrado gritando consignas como "No a los recortes".
Al mismo tiempo, frente al Congreso de los Diputados se reunieron más de 200 personas, la mayoría de ellas funcionarios, para protestar por los ajustes.
La ley prohíbe manifestarse ante el Congreso cuando el Pleno está reunido, por lo que pronto llegaron más de una docena de furgones del Cuerpo Nacional de Policía, junto con agentes antidisturbios y una decena de agentes a caballo. Los agentes acordonaron la Plaza de las Cortes y trataron de evitar que los manifestantes cruzasen la Carrera de San Jerónimo.
A la concentración se fueron añadiendo ciudadanos que pasaban por la Carrera de San Jerónimo. Los manifestantes gritaban hacia las Cortes lemas como "El próximo parado, que sea un diputado", "Ahí está la cueva de Alí Babá" (en referencia al Congreso), "Rajoy dimisión" o simplemente "Ladrones".
Debido a la manifestación, el presidente del Gobierno y otros miembros de su gabinete abandonaron las Cortes por la puerta de atrás. Rajoy no quiso hacer declaraciones, y respondió a los informadores que le preguntaron sobre las reacciones de sus nuevas medidas con un sobrio "Hasta luego".
Sin embargo, los diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) salieron para apoyar a los ciudadanos, y aprovecharon para criticar de nuevo los recortes. Cayo Lara quiso dejar claro que "el problema no lo han creado los empleados públicos ni la mayoría de la gente".
