Las sociedades de garantía inyectaron más de 1.200 millones de financiación a pymes y autónomos en 2018

Publicado: martes, 11 junio 2019 13:06

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) que operan en España inyectaron financiación por valor de 1.282 millones de euros durante 2018, a partir de 18.962 avales formalizados, contribuyendo al mantenimiento de 650.800 puestos de trabajo en el país.

Según los datos de actividad presentados este martes ante los órganos directivos de la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-Cesgar), el volumen de préstamos facilitados a pymes, autónomos y emprendedores a lo largo del año pasado se incrementó un 8% respecto al año precedente.

De esta forma, la financiación facilitada por el sector benefició a 130.478 pymes, autónomos y emprendedores, que mantienen activos créditos y préstamos por valor de 4.150 millones de euros de riesgo vivo.

El tipo de financiación más demandado por las pymes españolas, en su relación con las sociedades de garantía, fueron los avales financieros (83%), tanto de inversión (56%), de circulante (24%) como de otros avales financieros (2%), mientras que los técnicos --avales para licitaciones públicas-- concentraron el 17% de toda la operativa.

En lo que respecta a la actividad de la empresa, el sector servicios lideró el número de operaciones con un porcentaje del 45%, superando a la industria, con el 21%, y al comercio, con el 18%. La construcción supuso el 10% del total, mientras que el sector primario representó el 6%.

A cierre de 2018, el conjunto de las 18 Sociedades de Garantía Recíproca empleaba a 582 profesionales, acumulando una cifra récord de avales formalizados por un total de 31.968 millones de euros, a partir de más de 781.000 operaciones.

En total, ha propiciado una inversión inducida de 41.559 millones de euros en España, con una contribución al empleo de 650.800 puestos de trabajo. El sector ha concedido el 72% de las solicitudes presentadas. Con respecto a los prestamistas, el 77% lo concentra en las entidades financieras y el restante 23% en las administraciones públicas y otros proveedores.