MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
Telefónica deberá comunicar los cambios de precios del servicio universal con 21 días de antelación y, en caso de que no sean asequibles, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) podrá suspenderlos, según un comunicado difundido hoy por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Anteriormente el precio estaba regulado por el llamado 'price cap', según el cual la Comisión indicaba a Telefónica el porcentaje en que podía variar sus tarifas, aunque no hacía referencia a un plazo determinado.
El nuevo marco persigue la asequibilidad del servicio universal y establece dos organismos reguladores: mientras que la CMT regulará el servicio universal, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos se encargará de asegurar la asequibilidad, según explicaron a Europa Press fuentes del Ministerio.
"El objetivo de esta medida es asegurar que todos los usuarios, con independencia de su ubicación, puedan acceder a unos servicios mínimos de telecomunicaciones a precio asequibles", señala el Ministerio en su nota.
Otra de las novedades incluidas en la medida gubernamental es una ampliación de la cobertura del Plan Abono Social a los ciudadanos que perciban una pensión privada, reconocida por decisión judicial, inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
La reforma mantiene los precios de los planes para personas con deficiencias visuales o auditivas y la Comisión ha solicitado a la operadora que desarrolle campañas para informar de ellos a estos colectivos. Por otra parte, tampoco variará el recargo de las llamadas realizadas en cabinas telefónicas.
