Los trabajadores de la autopista AP-1 se manifiestan para pedir que siga en concesión

Actualizado: viernes, 6 julio 2018 9:37

Con el fin de garantizar autopistas "seguras"

BURGOS, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de trabajadores de la autopista de peaje AP-1 Burgos-Armiñón se han concentrado este jueves frente a la Subdelegación del Gobierno en Burgos para exigir al Ejecutivo central que mantenga la explotación de las autopistas en régimen de concesión para garantizar así vías seguras.

LA AP-1, una vía que actualmente tiene en concesión en grupo Itínere, es la primera autopista de la red de pago española que concluye su plazo de explotación, en concreto el próximo 30 de noviembre, y el Gobierno ya ha avanzado que no prorrogará el contrato y que, además, suprimir el pago del peaje.

El portavoz de los trabajadores de esta vía, Alberto Mateo, indicó durante la cocentración la "importancia" de dar continuidad a los contratos de concesión de este tipo de vías en todo el territorio nacional.

"Lo más justo es el pago por uso, con peajes blancos y no hacer regalos a quienes no pagan impuestos", aseveró el representante de los trabajadores.

"Queremos una nueva concesión para que las autopistas sigan siendo una vía segura y no pasen a ser una vía saturada, insegura e incómoda", añadió Mateo, antes de abogar por que esta mantenga los puestos de trabajo, adecuándolos al incremento del tráfico.

Alberto Mateo también ha señalado que la continuidad de las autopistas permitiría mantener los negocios y los puestos de trabajo directos de todo el eje de la nacional N-I, así como la población en un medio rural "muy deteriorado" por la falta de empleo.

Todo ello redundaría además, según ha remarcado el portavoz de los trabajadores, en que las inversiones realizadas hasta ahora en la nacional "tengan sentido" y no se conviertan en un "derroche" de dinero público.

Además, ha defendido la teoría de que manteniendo las autopistas en todo el territorio nacional, el Estado mantendría a su vez una fuente de recaudación que redundaría en servicios públicos como la sanidad o la educación y, de igual modo, los ayuntamientos mantendrían su nivel de recaudación a través de impuestos al no perder población.