MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, advirtió el lunes a la CEOE de que si mantiene sus demandas "maximalistas" en la mesa de diálogo social y no cambia su postura, el acuerdo será "prácticamente imposible".
Ferrer, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, reconoció que el diálogo social se halla en "extrema dificultad" por la decisión de los empresarios de "recuperar" en la mesa de negociación posiciones "maximalistas e inasumibles" para los trabajadores.
Se refería así a las demandas de la CEOE de abaratar el despido mediante la creación de un contrato nuevo (ahora presentando bajo la denominación "contrato del siglo XXI" y antes conocido como "contrato de crisis"), de suprimir la tutela judicial efectiva y de rebajar cinco puntos las cotizaciones sociales, algo que, según Ferrer, no podría soportar el sistema de la Seguridad Social, "que se pondría en grave riesgo", y que contribuiría "a descapitalizar en cinco años el Fondo de Reserva".
"La patronal debe abandonar estos postulados, que son inasumibles y que ya rechazamos la semana pasada. Si mantiene esos intentos de abaratar el despido y descausalizar la contratación, hará prácticamente imposible el acuerdo", subrayó Ferrer, que añadió que si el consenso no es posible "cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades".
Pese a las dificultades y el fracaso de la reunión que celebraron Gobierno, empresarios y sindicatos el pasado jueves, la mesa de diálogo social seguirá manteniendo encuentros. Entre hoy y el miércoles, se celebrarán reuniones bipartitas (Gobierno-empresarios, Gobierno sindicatos), mientras que el próximo jueves habrá una nueva sesión, esta vez de carácter tripartito.
Preguntado por si los sindicatos estarían dispuestos a hacer reformas laborales como piden el Banco Central Europeo y el Banco de España, Ferrer señaló que lo que deberían hacer estas instituciones es buscar soluciones dentro del sector financiero y no dentro del mercado de trabajo, pues el origen de la crisis es financiero y no laboral.
"La situación es claramente injusta. Una crisis que no tiene causas laborales aunque sí efectos muy negativos en el empleo, se pretende por parte de los empresarios, por sectores políticos y de la opinión que la paguen los trabajadores, recortando derechos y reduciendo la protección social, de manera que las empresas españolas, en vez de competir en base a innovación y formación, lo hagan simplemente en base a reducir costes laborales a costa de los trabajadores", criticó.
