MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El director general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), Andrés Barceló, ha pedido a la Comisión Europea que proteja a la industria y el empleo europeos de importaciones desleales.
Durante su ponencia en el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre nueva metodología de los instrumentos de defensa comercial, Barceló ha asegurado que no pide proteccionismo, sino que el comercio internacional se desarrolle de acuerdo a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Este dictamen, aprobado este miércoles en Bruselas en sesión plenaria, añade mejoras a la propuesta de la Comisión Europea sobre una nueva metodología 'antidumping'.
Según señala la ponencia, "el comercio libre está en el corazón de los valores europeos, siempre y cuando se trate de un comercio leal". En este sentido, defiende que "hay que recurrir a instrumentos de defensa comercial, compatibles con las normas de la OMC, con el objetivo de defender la competitividad de la industria europea frente a importaciones desleales de países terceros".
Unesid considera que la propuesta del Ejecutivo comunitario pretende solucionar, sin citarlo, el problema que la organización viene denunciando desde hace tiempo sobre la "competencia desleal" de China.
En este sentido, el dictamen del CESE respalda la propuesta de la Comisión de calcular el margen de 'dumping' en las importaciones procedentes de países con "distorsiones significativas de mercado", en los que existe "una importante intervención estatal en la economía".
Para Andrés Barceló, las empresas necesitan previsibilidad y seguridad jurídica en la aplicación del reglamento antidumping, pero la propuesta de Bruselas "todavía no está clara en una serie de cuestiones".
Así, Barceló y el CESE consideran que los informes que la Comisión Europea va a emitir deberían ser obligatorios para los países en los que se haya observado un número sustancial de casos 'antidumping' antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento.
Asimismo, desean que la carga de la prueba esté claramente definida y que no se pueda transferir desde los exportadores a la industria europea o a Bruselas.
