MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ve positivo el real decreto ley del Gobierno para modificar la Ley de la Cadena Alimentaria en el que aprecia avances, pero considera que es "mejorable" es aspectos importantes.
Unión de Uniones señala que la referenciación de precios a los costes productivos y la obligación de los operadores de pagar al menos dichos costes para no destruir valor en la cadena, así como la publicidad de las sanciones firmes graves y muy graves son pasos que había que dar y que ahora deben desarrollarse y acompañarse de otras medidas y de los medios de control que garanticen su cumplimiento.
La organización valora que se planteen cuestiones que hasta hace muy poco el Gobierno consideraba inaplicables, y lamentan que no se hubiera hecho mucho antes.
En este sentido, y por lo que respecta a la función de la AICA en la búsqueda de transparencia y sus competencias, Unión de Uniones pide que este organismo disponga de todos los medios necesarios para que pueda hacer frente a la persecución de incumplimientos y lograr que las multas que se impongan sean realmente disuasorias.
Asimismo, Unión de Uniones cree que se puede mejorar la tipificación de venta a pérdidas y, para ser completa esta modificación, faltaría también una definición de la posición de dominio "que proteja de las transgresiones de la competencia derivadas de la concentración de la distribución y la industria".
La organización recuerda que otros sectores estratégicos, como la energía, cuentan ya con una limitación que impide acaparar una cuota excesiva de mercado y recalca que en España cinco grandes cadenas de distribución copan el 55% del suministro agroalimentario.
"Nosotros consideramos que atajar esto es clave. No se protege al productor totalmente si no se define también la posición de dominio para poder perseguir los abusos", señalan desde la organización.
Igualmente, estiman que la Ley de la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria debería definir mejor su texto para transponer íntegramente la Directiva Europea Directiva (UE) 2019/633 y que queden claramente incluidas determinadas prácticas desleales como plazos de posible cancelación de contratos, amenazas y represalias comerciales y exigencia de pagos no pactados.
Unión de Uniones considera positivo, por otro lado, el cambio de tratamiento fiscal a las ayudas a la incorporación de jóvenes para que puedan declararse a lo largo de cuatro ejercicios.
