MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El grupo de clínicas dentales Vitaldent ha revelado que "importantes empresas industriales internacionales" han expresado su interés por hacerse con la compañía.
Vitaldent, cuya matriz es Dental International, con sede en Luxemburgo, ha confirmado mediante un comunicado la existencia de conversaciones "ante el alto interés existente hacia el grupo", pero sin revelar la identidad de ninguno de los supuestos interesados.
Dental International ha dado mandato a Arcano para que busque un socio o comprador de las clínicas dentales, con lo que se reanuda así el proceso de venta de la compañía, paralizado por la intervención judicial de la filial española por un caso de presunto fraude fiscal, según fuentes del sector.
Dicho interés también se ha producido en el pasado, dado que el mercado de las clínicas dentales en el que Grupo Vitaldent opera presenta grandes perspectivas de crecimiento y claras oportunidades de consolidación.
"Grupo Vitaldent cuenta con un modelo de negocio consolidado, rentable y sostenible por sí mismo, por lo que resulta muy atractivo", destaca el grupo en su comunicado.
En España, Vitaldent es líder con una cuota de mercado del 25%, muy por delante de su siguiente competidor, que controla un 13%. En Italia, cuenta una con un 24% de cuota y su siguiente competidor un 14% del mercado.
Casi cuatro meses después de la detención del dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, y de otras 10 personas vinculadas con la compañía en una operación por presunto delito fiscal, las clínicas siguen funcionando con normalidad y su actividad no ha cesado.
La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda nombró en marzo a la consultora Deloitte administrador judicial para gestionar la cadena dental con el objetivo claro de mantener la plena continuidad del negocio y, junto a la ayuda de los empleados, franquiciados y proveedores del grupo, asegurar la viabilidad futura de la actividad.
La cúpula directiva de Vitaldent recibía anualmente 17,25 millones de euros anuales que ocultaba a la Hacienda pública, según un informe de la Unidad Central de Delincuencia económica y Fiscal de la Dirección General de la Policía.
