BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya han interpuesto un recurso administrativo contra la obligación de destinar un 30% de nuevas grandes promociones a pisos sociales en la capital catalana.
Entienden que la legislación urbanística ni estatal ni catalana habilitan al Ayuntamiento para regular esta materia, y aseguran que la medida atenta a las condiciones básicas del derecho a la propiedad de los propietarios del suelo, ha informado la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona este lunes en un comunicado.
Según la cámara, las entidades consideran que esta modificación de la normativa --promovida por el Ayuntamiento y aprobada por la Subcomisión de Urbanismo con la Generalitat en diciembre-- disminuiría el valor medio del suelo en un 26%, y critican la "ausencia de políticas de vivienda social en todo el Estado y la propia inactividad en la materia del Gobierno municipal".
Aseguran que las tensiones que registra el ámbito de la vivienda "tienen por origen un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente y en la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente", según la cámara.
Por este motivo, ha destacado que piden mejorar la capacidad de gestión y coordinación entre administraciones y también recursos económicos para estabilizar el mercado y facilitar el acceso a la vivienda, y evitar una "continua reforma de la normativa, que crea inseguridad jurídica e imposibilita la planificación".
