22 de agosto de 2019
5 de junio de 2019

Broto renueva el convenio con Endesa y la FAMCP para pagar la energía a familias vulnerables, 8.500 en 4 años

Broto renueva el convenio con Endesa y la FAMCP para pagar la energía a familias vulnerables, 8.500 en 4 años
EUROPA PRESS.

ZARAGOZA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha firmado este miércoles un nuevo convenio con Endesa y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para evitar que las familias vulnerables vean interrumpido el suministro de electricidad y gas. En esta legislatura se han beneficiado más de 8.500 familias, con un coste de más de tres millones de euros.

Junto con Broto, han firmado el convenio el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, y el presidente de la Federación, Luis Zubieta.

Podrán ser beneficiarios de este convenio las personas titulares de contratos de suministros de electricidad y gas en su vivienda habitual suscritos con alguna de las comercializadoras de Endesa, sean o no beneficiarios del bono social, residentes en Aragón que cumplan con las condiciones para ser declarados clientes en situación de vulnerabilidad o especial vulnerabilidad o que tengan la consideración de clientes vulnerables severos en riesgo de exclusión social.

La consejera ha mostrado su satisfacción por esta firma ya que, ha dicho, "damos respuesta a un colectivo importantísimo de familias vulnerables y logramos que no haya ningún corte de suministro de electricidad y de gas".

Ha recordado, además, que "cuando llegamos al Gobierno una de las primeras cuestiones que nos preocupó fue esta, que ninguna familia se quedara sin suministro de energía".

Por ello, ha recalcado, en los primeros meses de esta legislatura se hizo frente a las facturas impagadas de familias vulnerables a través de las ayudas de urgencia y, tras la aprobación de la Ley de Pobreza Energética, se destinó una partida presupuestaria a este afecto. Desde 2016 no se ha cortado el suministro a ninguna familia vulnerable acogida a estos convenios.

La consejera ha indicado que la gestión, por parte de los servicios sociales comarcales, ha ido mejorando, "cada vez es mejor" y que estas administraciones ya saben qué familias van a tener que solicitar las ayudas.

Broto ha apuntado que la mayoría de las solicitudes provienen de la ciudad de Zaragoza, aunque se han podido adherir los ayuntamientos y comarcas que lo hayan considerado oportuno. Pueden solicitar las ayudas los vecinos de todos los municipios de la Comunidad autónoma.

SIGLO XXI

Por su parte, Luis Zubieta ha recalcado que "no podemos consentir que en el siglo XXI haya familias que se queden sin electricidad y gas" y ha señalado que este convenio "es un paso más para seguir avanzando en la defensa de los derechos sociales". Ha proclamado que "ningún ciudadano se puede quedar sin luz ni gas".

Ignacio Montaner ha destacado "la sensibilidad" de su empresa ante esta cuestión y ha recordado que Endesa también participa en un convenio con Ecodes y el Gobierno de Aragón de formación sobre ahorro energético.

También ha dicho que este convenio supone "un gran paso" para que los servicios sociales gestionen las ayudas "de una manera más ordenada", lo que permitirá evitar los cortes de suministro.

BENEFICIARIOS

Un total de 8.514 familias vulnerables se han beneficiado de los convenios firmados por las tres partes anualmente y que han evitado que se les cortara el suministro de electricidad y gas a fecha de 30 de abril de 2019. El importe total de sus facturas asciende a poco más de 3 millones de euros.

En el transcurso de 2019 --hasta el 30 de abril-- el número de consumidores vulnerables que se han beneficiado asciende a 955 y el importe de sus facturas a 416.313 euros.

DATOS ACTUALIZADOS

Las empresas comercializadoras de Endesa remitirán semanalmente a la Secretaría General Técnica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales el listado actualizado de los puntos de suministro de electricidad a los que se haya requerido el pago según el procedimiento establecido en dicha normativa.

Las empresas de Endesa contribuyen a este convenio a través de los descuentos aplicados en la factura eléctrica de los clientes vulnerables y la ampliación del plazo de pago.

Además, Endesa se compromete a realizar diferentes acciones tales como conferencias a los ciudadanos sobre el contenido de la factura eléctrica y la mejora en los hábitos de consumo; charlas informativas a los técnicos de los servicios sociales para explicar los requisitos necesarios para la concesión del bono social y sus condiciones de aplicación y facturación, así como el contenido de la factura eléctrica y la mejora en los hábitos de consumo y reuniones de seguimiento de la actividad, emanada de este convenio, con las administraciones.

Endesa facilitará trimestralmente a la Secretaría General Técnica del Departamento el número total y la cuantía, tanto de las ayudas concedidas para el pago de las facturas correspondientes a los consumidores, como de los descuentos aplicados en la factura eléctrica de los consumidores vulnerables durante el periodo informado. Se detallará asimismo el número de consumidores acogidos al bono social.

Cuando se proceda a tramitar el pago de las ayudas en materia de pobreza energética para evitar el corte del suministro o su restablecimiento, si el consumidor no dispone de bono social, la comercializadora deberá informarle de las previsiones y ayudas que asisten a los consumidores vulnerables conforme a la normativa vigente, y en particular, a advertirle de la posibilidad de solicitar, cumpliendo las condiciones legales, el bono social.

No podrá suspenderse el suministro del consumidor que incurra en impago de la factura eléctrica cuando sea beneficiario del bono social y para su aplicación haya acreditado formar parte de una unidad familiar en la que haya al menos un menor de 16 años, o cuando alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, y se acredite la vulnerabilidad social de estos colectivos mediante documento expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.