MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (Aefyt) ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea (CE) contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública por el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), que, en su opinión, "supone una infracción de la legislación de la Unión Europea (UE)".
La organización explicó que esta tasa "genera distorsiones" en la competencia para las entidades y para el resto de países miembros, al tiempo que indicó que supone un incumplimiento del manifiesto del Tratado de Funcionamiento de la UE, en relación con la obligación de establecer y garantizar el funcionamiento del mercado único.
Aefyt apuntó que la aprobación de la Ley 13/2013 ha supuesto para las empresas distribuidoras de gases fluorados una disminución de las ventas en el mercado español de cerca del 50%, debido, principalmente, a la entrada de forma irregular de producto adquirido por clientes o usuarios españoles de otros estados de la UE en los que no existe un impuesto similar.
En este sentido, la asociación afirmó que el mercado negro de gases refrigerantes generado ronda entre 3.000 y 4.000 toneladas, principalmente por el elevado tipo impositivo del impuesto, que puede alcanzar hasta el tipo máximo de 100 euros por kilogramos, lo que Aefyt considera "desproporcionado" y "un incentivo al fraude fiscal".
El presidente de la asociación, Roberto Solsona, afirmó que la entrada ilícita de gases refrigerantes se deriva en emisiones de dióxido de carbono (CO2) incontroladas, eliminando cualquier supuesto efecto medioambiental del impuesto, además del IVA que el Estado deja de ingresar.
Aefyt destacó que el cumplimiento legal en España ha supuesto una pérdida de competitividad de las empresas españolas frente a las del resto de países de la Unión Europea, en los que no cuentan con una tasa similar.
"Hemos constatado que las diferentes alternativas para evitar estos efectos negativos en nuestro sector propuestas ante el Ministerio de Hacienda y la Función Pública y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no han sido escuchadas por lo que nos vemos obligados a pedir amparo a la Unión Europea, que debe defender los principios de libre mercado entre sus Estados miembros", subrayó Solsona.
