MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha informado a los grupos parlamentarios de la intención del Gobierno de cargar la financiación del bono social de la luz sobre todas las comercializadoras eléctricas y ha encontrado "un amplísimo consenso" entre las formaciones políticas a su propuesta.
En concreto, el Gobierno prepara un real decreto ley para que todas las empresas comercializadoras financien el bono social que permite reducciones en la tarifa eléctrica, y esquivar así el "escollo" de la sentencia del Tribunal Supremo, que censura la discriminación actual entre empresas integradas o no.
Así lo ha comunicado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Social, Álvaro Nadal, a los medios de comunicación tras mantener un encuentro en el Congreso con portavoces de Industria de todos los grupos parlamentarios.
Nadal ha comentado que existe unanimidad entre los grupos para que sean las compañías privadas, sin discriminación, las que soporten la financiación de este bono social, así como los 500 millones de euros que la sentencia prevé como compensación a las empresas eléctricas.
Sin embargo, el ministro no ha querido ir más allá acerca de la multa, pues el Gobierno ha recurrido el fallo del Tribunal Supremo ante los "problemas jurídicos" que han detectado en el mismo. En todo caso, ha asegurado que el bono social mantendrá su "status quo".
DIÁLOGO PARA MEJORAR EL BONO SOCIAL
Este real decreto, que ha encontrado, ha dicho el ministro, "el consenso total" de todos los grupos de la oposición, responde a la "urgencia" surgida tras el varapalo judicial dado al bono social. A partir de ahí, ha pedido a los grupos abrir líneas de trabajo para trasladar las propuestas de mejora al modelo social.
El ministro ha hablado de la mayor protección al consumidor, mejores niveles de información y cómo mejorar la situación de los consumidores más vulnerables. También incluso la búsqueda de nuevas vías de financiación, aunque en este aspecto ha optado por ser más cauto. "No quiero merendarme la cena", ha dicho.
EL GOBIERNO NO CREE QUE LA "TREGUA" SEA SU COMPETENCIA
Sin embargo, en el punto de resolver la situación de las personas con mayor dificultad para poder pagar las facturas y evitar el corte del suministro, Nadal ha llamado a ser "extremadamente respetuoso" con las competencias autonómicas y locales, lo que ha generado fricciones en la reunión, pues no ha querido pronunciarse ante la solicitada "tregua invernal" por varios de sus interlocutores este jueves.
"El Estado no puede invadir las competencias de las CCAA", ha dicho el ministro, apostando por que "la atención social en casos más vulnerables y severos tiene que tener a los trabajadores sociales en el terreno".
LA OPOSICIÓN RECELA DEL RESPETO COMPETENCIAL DEL GOBIERNO
Tras agradecer a Nadal haberse prestado a este diálogo, los grupos han lamentado la ausencia de un compromiso para acabar con los cortes de suministro energético a todas las personas en situación de vulnerabilidad, al menos durante estos meses de invierno.
Especialmente irónicos han sido los nacionalistas catalanes, históricamente sensibles con esta cuestión y que, sorprendidos, valoraban con recelo esta posición. Así, Carles Campuzano ha llegado a calificar de "inquietante" cuando "alguien del PP es tan autonomista". "¿Qué es más urgente? ¿El respeto competencial o que hace fresco?", se ha preguntado Joan Capdevila, de Esquerra.
El consenso sobre la necesidad de que sean las empresas las que se tengan que hacer cargo del bono social, sin embargo, desaparece ante las reclamaciones que el Gobierno, en principio, no parece tan dispuesto a incluir en las mejoras del bono social.
NO REDUCIR LA POBREZA ENERGÉTICA AL BONO SOCIAL
No solo la citada "tregua invernal", sino también, por ejemplo, la introducción de un criterio de renta, la introducción de un criterio de precaución o una tarificación de la factura que "supere el bono social", como ha propone En Comú Podem.
Pilar Lucio, del PSOE, ha apuntado a los medios que "el problema de la pobreza energética es mucho mayor que el bono social", y ha rechazado el intento de trasladar la responsabilidad competencial a otras administraciones. "Si las CCAA y los ayuntamientos han tomado medidas ha sido precisamente por la inacción del Gobierno", ha dicho.
"No puede ser que el Gobierno se escude para no afrontar esta problemática", ha dicho Lucía Martín, que ha pedido que no haya más "parches". "Dar una pequeña ayuda no es la solución. Toda la factura debe ser susceptible de tener el descuento necesario en función de la renta", ha apostado.
La representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha reclamado "definir realmente quién es el consumidor vulnerable y a quién tiene que llegarle el bono social". "La renta no es hoy una de esas causas", ha dicho.
