Defiende que, pese a que no ve posible derogar toda la reforma laboral, empezará a desmontarla en un plan contra la explotación
MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que impulsará "en los próximos meses" un "plan de choque para crear empleo juvenil", con un Estatuto del Becario y con medidas para revisar y promover los contratos de relevo y de prácticas.
Este plan, ha dicho Sánchez, también desarrollará una nueva regulación de las prácticas no laborales y de los programas de becario, incluirá "nuevos instrumentos de políticas activas de empleo para jóvenes" y eliminará las prácticas extracurriculares.
Así lo ha asegurado en su intervención ante el Pleno del Congreso, ante el que ha comparecido este martes para exponer su programa de Gobierno, y ante el que ha lamentado la "profunda cicatriz" que, a su juicio, ha dejado la crisis en "una generación enfrentada a un muro invisible, que es el de la frustración".
En este sentido, ha recordado que España ha "perdido" a "cientos de miles" de jóvenes que "desarrollan sus carreras profesionales" fuera del país, pero también a aquellos que "cuando se han reincorporado al mercado laboral" en España "lo han hecho en condiciones salariales indignas o en puestos que nada tienen que ver con la formación que habían cursado".
RECUPERAR EL PESO DE LOS SALARIOS ANTES DE LA CRISIS
El presidente del Gobierno ha criticado que España "arrastra un problema endémico de salarios bajos" que, ha asegurado, "no se explica únicamente por la evolución baja de la productividad, sino también por la merma del poder de negociación de los trabajadores, favorecida por la reforma del anterior Gobierno".
En este sentido, ha dicho que su Ejecutivo trabajará con el fin de "lograr que los salarios recuperen el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el período previo de la crisis", y ha destacado que el reciente acuerdo entre sindicatos y patronal "incide precisamente en esta dirección".
EL PLAN CONTRA LA EXPLOTACIÓN, ESTE MISMO MES
Por otro lado, ha asegurado que aprobará, antes de finalizar este mismo mes de julio, el Plan director contra la explotación laboral, con el fin de aplicar este mismo verano "planes de choque contra la temporalidad injustificada y la parcialidad abusiva".
Sánchez ha explicado que el plan recogerá medidas para afrontar el fraude de los falsos autónomos, el exceso de jornada y las horas extraordinarias ilegales, las discriminaciones en el empleo por razones de género, raza o edad, potenciar la prevención de riesgos laborales y combatir el fraude laboral y la economía sumergida.
EL PLAN, PRIMER PASO PARA CAMBIAR LA REFORMA LABORAL
Durante su intervención, el presidente ha insistido en que no cree posible poder derogar la reforma laboral, pero sí que impulsará cambios en ella. "No tenemos mayoría parlamentaria para derogar de la 'A a la Z' la reforma laboral. Hable con los grupos", ha replicado a Ione Belarra, portavoz adjunta de Podemos, que ha insistido en la promesa de Sánchez de derogarla. "Yo lo he hecho. No la hay. Pero para modificaciones puntuales, que son muy sensibles, sí que la hay", ha dicho.
Sin embargo, ha asegurado que sí buscarán "retocar muchos de los elementos más lesivos", mismamente a partir del plan contra la explotación que, ha dicho, aprobará el Gobierno antes de acabar el mes, y también apoyando iniciativas parlamentarias ya en tramitación en la Cámara Baja.
"Hay muchas cuestiones que están tramitación y estamos dispuestos a explorarlas y a llegar a acuerdos", ha dicho Sánchez, recordando que el propio PSOE había llevado al Congreso una ley para modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores y que la subcontratación no implicara una merma en las condiciones laborales.
DESPENALIZACIÓN DE LOS 'PIQUETES'
Por último, el presidente también ha destacado en su intervención como "compromiso del Gobierno" para derogar el artículo 3 del artículo 315 del Código Penal, "relativo a la tipificación de delitos relacionados con la libertad sindical".
Este artículo contempla penas de prisión de entre un año y nueve meses hasta de tres años, y multas de entre 18 y 24 meses, a aquellos que "actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".
Esta derogación ha sido una de las reivindicaciones constantes por parte de las organizaciones sindicales, cuyos 'piquetes' se han visto inmersos en causas judiciales en virtud a este tercer apartado del artículo 315 del Código Penal.
