ZARAGOZA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (TRADIME) quiere dar a conocer en la UE las "malas prácticas" de las empresas-buzón y las "falsas" cooperativas de trabajo asociado. Representantes de la entidad se han reunido este lunes, en Zaragoza, con el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Gregorio Briz, y la eurodiputada aragonesa, Isabel García Muñoz.
En una nota de prensa, han señalado que "estas malas praxis, que afectan a miles de trabajadores y suponen un grave perjuicio económico para muchas familias, además merman la imagen de la profesión", por lo que han demandado que todos los autónomos del transporte, sean cooperativistas o no, tengan la capacitación profesional.
TRADIME ha apostado por "acabar con el uso fraudulento que se hace de las cooperativas de trabajo asociado para contratar a falsos autónomos y esquivar las exigencias legales". El presidente, José Antonio Moliner, ha agradecido "la buena predisposición tanto del director general como de la eurodiputada para escuchar sus peticiones".
La asociación aragonesa ha hecho especial hincapié en la capacitación profesional de los autónomos. Cuando entró en vigor en febrero del año pasado el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), en el que se exige el título de Bachillerato o de Formación Profesional para obtener el Certificado de Competencia Profesional --título de transportista--, que es el que permite ser titular de una empresa de transporte, la asociación lamentó que esta normativa "no pusiera freno a este tipo de competencia desleal".
TRADIME recurrió entonces ante el Tribunal Supremo algunas de las exigencias formativas que establece la nueva normativa para obtener este Certificado.
En noviembre de 2019, el Ejecutivo regional inspeccionó un total de 40 furgonetas que trabajaban para una empresa y se interpusieron ocho denuncias, cuatro de ellas por carecer de autorización de transportes, una actuación administrativa que permitió averiguar que algunos de los vehículos inspeccionados habían solicitado la reforma autorizada del peso máximo autorizado para que fuese inferior a dos toneladas y, así, evitar la necesidad de contar con autorización de transporte.
REGULACIÓN
En este sentido, el presidente de TRADIME ha subrayado que "es un tema que preocupa al sector y que será necesario trasladar a la Comisión Europea". Los transportistas son conscientes de que "es necesaria una regulación para evitar la competencia desleal en el sector".
La asociación inició esta campaña contra de la competencia desleal o dumping social en el sector transportista en 2017. Este delito económico se caracteriza por ofrecer productos o servicios más baratos que la competencia gracias a una mano de obra a precio de explotación, con condiciones laborales abusivas y bajos salarios.
Tal y como ha señalado Moliner, "se trata de un fenómeno muy extendido en España que se basa en la deslocalización de grandes empresas de transporte hacia países de la Unión Europea --Rumanía y Bulgaria, especialmente--, donde los costes de la actividad son muy inferiores".
De esta manera, consiguen ahorrar en impuestos y en gastos laborales, ya que las legislaciones laborales y sociales de esos países son mucho menos protectoras con el trabajador y más ventajosas para las empresas que las leyes españolas.
