MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz socialista de Fomento, Rafael Simancas, considera un "grave error" la decisión del Gobierno de permitir que una empresa privada entre a prestar servicios de transporte de viajeros en tren de Alta Velocidad en competencia con Renfe en la línea Madrid-Levante.
Simancas ha defendido además el carácter público de Aena, después de que el Consejo de Ministros de este viernes haya aprobado la privatización del 49% del capital del operador de aeropuertos.
El diputado socialista solicitará la comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, ante la comisión de Fomento del Congreso con el fin de que explique "las razones y el alcance" de ambas medidas.
En relación a la liberalización ferroviaria, el diputado madrileño acusó al Gobierno de hacer "un favor millonario a una empresa privada a costa de la inversión pública en el AVE que han pagado todos los españoles con sus impuestos".
Además, advirtió de los "serios muy riesgos" que la medida puede implicar para Renfe, que "perderá viajeros, ingresos y rentabilidad".
Simancas apeló a la experiencia internacional que, a su juicio, demuestra que "la privatización conlleva menos calidad y menos seguridad en el servicio". "Solo ganará dinero, eso sí, mucho dinero, la empresa privada que elija el Gobierno", apostilló.
PRIVATIZACIÓN DE AENA
En cuanto a la privatización parcial de Aena, Simancas valoró que el Gobierno haya "renunciado a vender la mayoría del capital de la empresa" y que, de esta forma, la titularidad y el control de la red aeroportuaria se mantenga en manos del Estado.
"Sólo una Aena en manos públicas garantiza la supervivencia de todos los aeropuertos, la ventaja de su funcionamiento en red y la preeminencia del interés general en su gestión. Una Aena mayoritariamente privada rompería la red y pondría en riesgo la supervivencia de los aeropuertos menos rentables", considera el diputado socialista.
En cualquier caso, avisa de que los socialistas estarán "muy atentos" al propósito "último y real" de esta decisión gubernamental y del precio que se establezca para la participación privada y las garantías de "transparencia y limpieza" con que se lleve el proceso. En esta línea, exigió al Gobierno que enseñe la "letra pequeña" de la privatización parcial de la empresa y que dé "garantías de que la mayoría seguirá siendo pública.
