SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición presentada por la Plataforma de Controladores Aéreas Españoles para la Defensa de sus Derechos Fundamentales sobre la "violación" que el Real Decreto del 5 de febrero del Ministerio de Fomento lleva a cabo en sus derechos.
Así, la carta remitida a esta plataforma, con sede en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), de la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni, a la que tuvo acceso Europa Press, señala que la Comisión de Peticiones ha decidido admitirla a trámite "debido a que las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea (UE)".
De esta manera, la Comisión de Peticiones ha iniciado el examen de su petición y ha decidido a tal efecto solicitar a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del programa.
Además, la Comisión de Peticiones proseguirá el examen de su petición, que cuenta con 10.100 firmas de ciudadanos europeos que apoyan la investigación del Parlamento Europeo, "tan pronto como disponga de la información necesaria".
Ya el pasado 4 de julio, esta plataforma se reunión con el director de Transportes de la Comisión Europea, Daniel Callejas, quien "asumió la responsabilidad de escuchar la queja" presentada por los controladores, según explicaron a Europa Press fuentes de los controladores.
Durante esta reunión, los controladores hicieron un resumen del desarrollo de la negociación colectiva y de los diferentes pactos entre su colectivo y Aviación Española y Navegación Aérea (AENA) "desde finales de los 80" y como de manera "brusca" el 5 de febrero se "vio interrumpida" por el Real Decreto del Ministerio de Fomento.
"La queja recoge la intención de que la Comisión Europea (CE) sea consciente de que ha habido una violación de derechos fundamentales sin precedente en la Unión Europea (UE) como es negar la negociación colectiva", apostillaron, a lo que añadieron que la intención de la reunión era que conseguir que la Comisión determine "si el Gobierno español ha ido o no en contra del Tratado de Lisboa".
