MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El 88,3% de las empresas de transporte de viajeros en autobús considera las aplicaciones e iniciativas de transporte colectivo como una amenaza para su negocio, según una encuesta realizada por las patronales del sector Asintra y Fenebús.
De estas empresas, el 47,1% estima que la amenaza es muy "fuerte" para la viabilidad de su actividad. Además, otro 40% admite que este tipo de prácticas ha tenido una "importante repercusión en su negocio".
De hecho, en su 'Barómetro del autobús' correspondiente al segundo cuatrimestre del año, las patronales del sector achacan a la rebaja de precios de los billetes del AVE y a las iniciativas de coche compartido gran parte del descenso del 6,8% que, según aseguran, ha registrado el transporte de viajeros en servicios de larga distancia de autobús en este periodo, que coincide con los meses del verano.
"A pesar de la dificultad de cuantificar con exactitud el trasvase intermodal de viajeros, sería muy difícil poder explicar estos comportamientos sin una causa tan explícita como es la reducción de tarifas implementadas por Renfe en sus servicios de AVE Larga Distancia", aseguran Asintra y Fenebús.
"El drenaje de la demanda también se debe al impacto de las nuevas iniciativas de coche compartido, aplicaciones que escapan de un marco regulador estricto en términos de seguridad y fiscalidad como el que afecta a la actividad del transporte en autobús", añaden las asociaciones.
En este sentido, de la encuesta realizada entre sus empresas asociadas se desprende que un 94% de las compañías de autobús cree que existen "deficiencias" en la regulación del coche compartido.
"COMPETENCIA DESLEAL".
El sector del autobús considera que "existen indicios fehacientes" de que en este tipo de actividades pueden emerger incentivos de lucro que escapan de toda regulación, sobre todo la tributaria". También estiman que esta "competencia desleal" arroja otro problema como el relacionado con la atribución de responsabilidades en caso de accidente.
Así, según la encuesta, el 58,8% de las empresas de autobuses considera que la propia naturaleza de la actividad es "ilegal" y otro 52,8% denuncia que estas actividades "inclumplen los parámetros exigidos de seguridad ante las contingencias que puedan suceder en el transporte".
Ante una eventual regulación de las iniciativas de coche compartido en los términos en que actualmente operan, el 50% de las empresas del ramo consultadas asegura que recurrirán a realizar ajustes de personal para hacer frente a la competencia. Otro 20% indica que implementarán reducciones de tarifas.
