MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Fomento se comprometió hoy a crear tres mesas de trabajo que abordarán temas claves para el sector del transporte por carretera, como el baremo sancionador y las ayudas al cese de la actividad para trabajadores mayores de 60 años, informó la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).
Este compromiso se produjo tras la reunión mantenida hoy por la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, acompañada de responsables de los Ministerios de Trabajo, Economía e Interior, con las patronales de transportistas ante la crisis del sector por el alza del precio del gasóleo.
Respecto al baremo sancionador, el director general de Transporte por Carretera, Juan Miguel Sánchez, señaló la incongruencia del sector de pedir más inspección en 2005 y solicitar lo contrario en 2008. Aún así, aceptó crear un grupo de trabajo para revisarlo.
En relación al establecimiento de un tipo infractor que sancione la contratación por debajo de costes, consideró que la legislación actual existente en otros departamentos ministeriales es suficiente, por lo que no cree necesario establecer una regulación específica en el sector, ya que lo considera muy difícil técnica y políticamente. No obstante, se comprometió a hacer un grupo de trabajo para este tema, de modo análogo a como se hizo en 2006.
Además, acordó también estudiar la posibilidad de incrementar la partida presupuestaria para incentivar las ayudas al abandono de la actividad a los transportistas de más de 60 años, mientras que respecto a las ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que hasta la fecha ha favorecido a 7.062 empresas de transporte con una inversión de 324 millones, planteará el mantenimiento de la línea de crédito ICO-Transporte.
En sus reivindicaciones, los transportistas aseguran que el sector atraviesa una "difícil situación consecuencia de la desaceleración económica y del continuo incremento del precio del gasóleo y de otros costes propios de la actividad".
Para solventar esta situación consideran necesario establecer "con carácter obligatorio" una fórmula de fijación de precios que permita trasladar a las tarifas del servicio de transporte las variaciones de costes derivadas de la oscilación del precio del combustible.
