BRUSELAS, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo ha logrado este jueves un acuerdo para fijar sus líneas rojas en la negociación que abrirá ahora con el Consejo para reformar las reglas del transporte de mercancías por carretera en la Unión Europea, con el objetivo de luchar contra el 'dumping' social en el sector.
El llamado Paquete de Movilidad es una ambiciosa reforma que afectará a las normas sobre conductores desplazados, tiempos de descanso y límites para las operaciones que un transportista puede hacer dentro de otro país en un mismo viaje (o cabotaje).
La Comisión Europea lanzó su propuesta de mejoras hace cerca de dos años, pero las fuertes diferencias entre los países que piden equiparar las condiciones laborales en toda la UE para evitar la competencia desleal y aquellos que ven con recelo lo que consideran un exceso de regulación.
Entre las ideas de los eurodiputados figura cambiar la restricción actual en el número de operaciones de cabotaje por una limitación temporal de tres días e incorporar el registro de los cruces de fronteras en los tacógrafos, de modo que se facilite la detección de infracciones.
Los eurodiputados también quieren implantar un periodo de descanso para los vehículos en su país de origen antes de llevar a cabo más operaciones de cabotaje, para evitar la sistematización del mismo.
Para combatir el uso de empresas tapadera, las compañías de transporte por carretera deberán tener una actividad sustancial en el Estado miembro en el que están registradas.
En cuanto al proyecto de trasladar las normas de trabajador desplazado al sector de los conductores profesionales, los eurodiputados plantean que las reglas también se apliquen al cabotaje y a las operaciones de transporte transfronterizas, aunque excluido el tránsito.
La Cámara también apuesta por utilizar las tecnologías digitales para facilitar la vida de los conductores y reducir el tiempo de los controles en carretera, e insta a las autoridades nacionales a centrarse en las compañías con infracciones previas, y minimicen los controles aleatorios sobre las empresas que cumplen la ley.
