El regulador considera que restringen la competencia y blindan el régimen de monopolio en la prestación de servicios de taxi
MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha estimado en un mínimo de 324,3 millones de euros anuales la pérdida de bienestar de los consumidores derivada de las restricciones en la normativa de vehículos de alquiler con conductor (VTC).
La CNMC ha hecho público un informe económico en legitimación activa sobre las restricciones a la competencia en el ámbito de los vehículos de alquiler con conductor que incorporan el Real Decreto 1057/2015 de 20 de noviembre de 2015 y la Orden FOM 2799/2015.
Esta normativa establece un límite cuantitativo en el segmento de VTC, obliga a prestar el servicio en la modalidad de precontratación, prohíbe circular por las vías públicas o permanecer estacionado para contratar directamente a los clientes, obliga a alquilar la totalidad del vehículo, restringe geográficamente la libre prestación del servicio en territorio nacional y establece un número mínimo de vehículos, así como otros condicionantes sobre las características de los coches.
En su informe, la CNMC que pide la retirada de estas restricciones, ya que ninguna está "justificada desde la óptica de la competencia ni de la regulación económica eficiente", según indica en un comunicado.
En opinión del organismo regulador, el efecto de estos impedimentos es "restringir la competencia en el transporte urbano de pasajeros" y "blindar el régimen de monopolio existente en la prestación de servicios de taxi".
La opción económica alineada con el interés general, según el organismo presidido por José María Marín Quemada, es establecer un régimen de libertad de entrada y de precio en los mercados de transporte urbano de pasajeros en vehículo (taxi o VTC) con libre prestación del servicio en todo el territorio nacional.
El organismo regulador de la competencia cuantifica la pérdida de bienestar de los consumidores por estas restricciones en 324,3 millones de euros, "un umbral mínimo y conservador", ya que no tiene en cuenta las pérdidas de bienestar de los consumidores por "ineficiencias productivas y dinámicas" ni por "un mayor tiempo de espera derivado de una menor disponibilidad de vehículos".
La CNMC interpuso el pasado mes de abril un recurso contencioso administrativo dirigido a mejorar ambas normas y evitar las restricciones "injustificadas" a la competencia que "perjudican al conjunto de la sociedad". Con anterioridad, a principios de año, el regulador había remitido requerimientos previos al Consejo de Ministros y al Ministerio de Fomento que "no fueron atendidos", según ha indicado.
